El empresario Samuel Doria Medina y el exgobernador cruceño Luis Fernando Camacho rechazaron la decisión del Gobierno de gestionar la abrogación de la Ley 1720 de reconversión de tierras, tras considerar que la medida representa un riesgo institucional y una concesión frente a las presiones de sectores movilizados. La determinación fue anunciada luego de un acuerdo alcanzado este miércoles en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, entre el presidente Rodrigo Paz y dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en medio de un escenario de protestas y una marcha campesino-indígena que arribó a la sede de Gobierno después de más de 20 días de recorrido desde Beni y Pando.
La decisión gubernamental surgió tras un diálogo con representantes campesinos que exigían la anulación de la norma, argumentando preocupación por la reconversión de tierras de pequeña a mediana propiedad. Las movilizaciones se intensificaron en las últimas semanas y derivaron en negociaciones directas con el Ejecutivo para frenar la aplicación de la ley.
Sin embargo, Doria Medina cuestionó el acuerdo y advirtió que el Gobierno estaría debilitando la institucionalidad al desistir de defender una norma aprobada por el Legislativo y promulgada recientemente por el propio Ejecutivo.
“Me ha sorprendido el acuerdo del Gobierno con un grupo movilizado para abrogar la Ley 1720. Creo que toda ley se puede mejorar, evitando que sea malinterpretada por los sectores que se sientan afectados. Pero es muy riesgoso que el Gobierno no defienda legal y pacíficamente, pero con firmeza, las decisiones del Parlamento y del propio Ejecutivo”, señaló.
Por su parte, Camacho también expresó su desacuerdo con la postura gubernamental y sostuvo que el Estado no debe “ceder a chantajes” ni modificar leyes bajo presión de sectores movilizados, en referencia al conflicto que se desarrolla en el país.
El debate sobre la Ley 1720 se produce en un contexto de tensión política y social, marcado por protestas de organizaciones campesinas e indígenas, además de cuestionamientos de sectores opositores y aliados del Gobierno respecto a la forma en que se manejó el conflicto y los acuerdos alcanzados.
Revista Estamos Vivos