La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz (SIB-SC) advirtió que el actual mecanismo de reajuste de precios no cubre todos los costos reales que enfrentan las constructoras, lo que podría llevar a la quiebra a varias de ellas y dejar obras públicas inconclusas.
Según Luis Alberto Soliz, asesor técnico de la entidad, el Decreto Supremo 5321, que rige desde enero, solo permite ajustar los precios de algunos materiales importados. Sin embargo, no contempla gastos importantes como mano de obra, impuestos, equipos, gastos generales o utilidades, lo que genera un desbalance económico para las empresas que trabajan con el Estado.
Además, se explicó que este ajuste parcial obliga a las constructoras a cubrir los costos restantes con sus propios recursos. Desde un punto de vista legal, esto se considera una desventaja contractual grave que afecta el equilibrio financiero entre el Estado y el contratista.
La SIB-SC también alertó que muchas pequeñas y medianas empresas ya no participan en licitaciones debido a esta situación, lo que afecta la continuidad de nuevas obras.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades a revisar y mejorar el decreto para implementar un sistema de reajuste más justo y completo, que permita a las empresas sostener sus operaciones sin pérdidas desproporcionadas.
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