El rechazo al Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del diésel para los grandes consumidores, continúa creciendo a una semana de su entrada en vigencia. Diferentes sectores productivos y sociales expresaron su preocupación por el impacto que la medida podría tener en sus actividades y algunos ya anunciaron posibles movilizaciones.
Entre los sectores que cuestionan la norma se encuentran productores agropecuarios, transportistas, arroceros, cañeros y organizaciones campesinas, principalmente de distintas regiones del país.
En Santa Cruz, representantes de las provincias Warnes, Obispo Santisteban, Sara e Ichilo dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para abrogar el decreto. Los productores consideran que el nuevo precio del combustible puede incrementar sus costos y afectar la producción.
A este pedido se sumaron productores de San Juan, quienes realizaron una marcha hasta Santa Fe y otorgaron un plazo de 24 horas al Gobierno para dejar sin efecto la norma.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también expresó su rechazo y calificó la medida como discriminatoria. Su presidente, Klaus Frerking, advirtió que el incremento de los costos de producción podría terminar repercutiendo en los precios de los productos de la canasta familiar.
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se sumó a las observaciones y señaló que el aumento del precio del diésel afecta al sector productivo, mientras que los transportistas se declararon en estado de emergencia y anticiparon la posibilidad de asumir medidas de presión.
Los productores de arroz y caña también solicitaron la abrogación del decreto. En el caso del sector cañero, sus representantes señalaron que atraviesan dificultades económicas y que el aumento de los costos de producción podría profundizar su situación.
Por su parte, organizaciones campesinas del trópico de Cochabamba afines a Evo Morales manifestaron su rechazo tanto al Decreto Supremo 5676 como al Decreto 5652, relacionado con los precios de los combustibles.
Mientras los sectores esperan una respuesta del Gobierno, continúan las reuniones internas para definir nuevas acciones. Por ahora, las posiciones coinciden en un pedido central: dejar sin efecto el Decreto Supremo 5676 y buscar alternativas que permitan garantizar el acceso al combustible sin afectar la producción y el transporte.
Revista Estamos Vivos