Un cabildo realizado este domingo en el municipio de La Asunta, en los Yungas de La Paz, aprobó varias resoluciones relacionadas con la actividad minera que se desarrolla en la zona y los recientes conflictos registrados en inmediaciones del río Boopi.
Entre las principales determinaciones está declarar personas no gratas y solicitar la salida del municipio de ciudadanos chinos vinculados a una empresa aurífera, además de pedir la intervención de la Dirección General de Migración.
La decisión fue comunicada por el secretario ejecutivo de la Federación de La Asunta, Fernando Huacote, durante el encuentro que reunió a centrales campesinas y representantes de sectores que aseguran haber sido afectados por trabajos mineros y el desvío del río Boopi.
Otro de los puntos aprobados establece que la Federación de La Asunta mantendrá bajo custodia maquinaria pesada retenida en la zona de Río Seco, mientras se busca que la empresa responsable repare los daños que, según los dirigentes, fueron ocasionados por las actividades mineras.
El conflicto se intensificó el sábado, cuando se registraron enfrentamientos entre campesinos y personas que respaldaban las operaciones de la empresa minera. Los hechos dejaron cinco personas heridas y también se reportó la quema de algunas volquetas y equipos.
Durante el cabildo, los dirigentes cuestionaron además el trabajo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la responsabilizaron por no haber atendido oportunamente las denuncias y reclamos de los pobladores. Por ello, solicitaron la renuncia de funcionarios de esa institución.
Entre las resoluciones también se plantea que los recursos municipales destinados a las comunidades de Río Seco, Asunta y Cuchumpaya sean utilizados para atender y reparar los daños ambientales registrados en la zona.
Finalmente, los participantes decidieron mantener el estado de emergencia en La Asunta y advirtieron que podrían asumir nuevas medidas si las autoridades no atienden las demandas aprobadas durante el cabildo.
Las determinaciones surgen en medio de un conflicto que combina reclamos por presuntos daños ambientales, actividad minera y disputas entre sectores de la población, mientras se espera una respuesta de las instituciones correspondientes.
Revista Estamos Vivos