El exalcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, deberá comparecer el 22 de enero de 2026, a las 10:00, ante el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción N.º 13, en una audiencia cautelar dentro del proceso por un presunto sobreprecio de 26 millones de bolivianos en la compra de 61 buses PumaKatari, informó el denunciante y presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Jesús Vera.
La audiencia fue fijada el 5 de diciembre de 2025, luego de que Revilla reapareciera públicamente tras permanecer prófugo desde noviembre de 2021, periodo en el que pesaron en su contra una alerta migratoria y los sellos azul y rojo de Interpol, que activaron su búsqueda internacional. Según Vera, la condición de fuga constituye un agravante que debe ser valorado por el juez, más aún cuando el Ministerio Público solicitó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.
El dirigente vecinal recordó que la última citación fiscal al exalcalde fue el 10 de enero de 2022, audiencia que se suspendió a pedido del investigado y se reprogramó para el 24 de enero de ese año; tras esa fecha, señaló, Revilla se dio a la fuga. Pese a ese antecedente, cuestionó que posteriormente haya reaparecido en redes sociales, participado en campañas electorales y logrado la anulación de dos órdenes de aprehensión, hechos que calificó como irregulares.
Vera también criticó que el alcalde Iván Arias y los 11 concejales municipales hayan dejado de impulsar el proceso, pese a haberse presentado inicialmente como parte interesada por el daño económico causado a la Alcaldía, situación que describió como un “silencio cómplice”.
De acuerdo con el denunciante, un informe de la Dirección Jurídica municipal estableció que la compra de los buses no contaba con un Estudio Técnico de Factibilidad (TESA) y que la documentación presentada —279 páginas— era falsa, con la cual se habría gestionado el desembolso de recursos. A raíz de ese informe, el alcalde Arias y la Procuraduría General del Estado se sumaron al proceso como víctimas, al considerar un daño de 26 millones de bolivianos en la primera adquisición, además de montos similares en una segunda y tercera compra aún no investigadas.
Revilla es investigado por los presuntos delitos de daño económico al Estado, contratos lesivos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Vera sostuvo que, por la abundante prueba presentada, el Ministerio Público debería avanzar a la acusación formal y no limitarse a la audiencia cautelar, etapa en la que el exalcalde podría enfrentar una pena de 10 a 15 años de prisión.
Finalmente, informó que todas las partes procesales ya fueron notificadas, incluido Revilla, por lo que la audiencia del 22 de enero debe realizarse sin dilaciones, y pidió al Gobierno, la Procuraduría, la Contraloría General del Estado y la Alcaldía de La Paz un seguimiento estricto para evitar cualquier sospecha de protección política en un caso de presunta corrupción.
Revista Estamos Vivos