La Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en el tratamiento del proyecto de ley denominado “antibloqueos”, que plantea sanciones más severas para hechos violentos durante movilizaciones, incluyendo hasta 20 años de cárcel para quienes utilicen explosivos y pongan en riesgo la vida de la población, informó el diputado Edgar Rojas, al ratificar que la norma no será retirada pese a las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB).
El legislador explicó que la propuesta surge tras los recientes bloqueos impulsados por la COB, que derivaron en la abrogación del Decreto Supremo 5503, y tiene como objetivo proteger a los sectores más vulnerables que dependen del ingreso diario. En ese marco, Rojas sostuvo que el uso de explosivos en protestas constituye un atentado contra la vida de transeúntes y contra la economía de quienes subsisten del trabajo informal.
En conferencia de prensa, el diputado señaló que la iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, instancia que prevé concluir pronto su análisis para remitir el proyecto al pleno legislativo. Afirmó que no habrá retrocesos en el tratamiento de la norma.
Rojas remarcó que el derecho a la protesta está garantizado en el país, pero advirtió que desde el Órgano Legislativo no se tolerarán actos violentos ni negociaciones con grupos que incurran en delitos. En ese sentido, cuestionó las exigencias de algunos dirigentes de la COB para retirar el proyecto y aseguró que la realidad social y económica del país exige reglas claras frente a los bloqueos que afectan a la población.
Revista Estamos Vivos