El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, denunció que la defensa de la expresidenta Jeanine Añez busca excluirla del juicio penal ordinario y trasladar el caso a un juicio de responsabilidades, lo que —según dijo— abriría el camino a la impunidad.
“Estamos saliendo de la audiencia y escuchamos al abogado justificar por qué quieren apartarla del juicio. Esto no busca justicia, sino impunidad”, afirmó Inca tras la sesión instalada en El Alto.
Riesgo de impunidad
El activista advirtió que, si el caso pasa a juicio de responsabilidades, se necesitarán dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), un escenario favorable para el nuevo gobierno.
Según Inca, varios líderes políticos —como Jorge Quiroga, Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina— han defendido que Añez es una “presa política”, lo que demostraría que “la decisión ya está tomada” y que el proceso judicial es solo una formalidad.
Estrategias de la defensa
La defensa de Añez argumenta que, con precedentes como el caso EBA, la sentencia anulada del caso Porvenir y la circular 18, los procesos por detención prolongada deberían anularse, favoreciendo a exautoridades con juicios de responsabilidades.
Además, presentaron un recurso extraordinario para anular la condena de 10 años que Añez ya cumple por el caso Golpe II. De prosperar, la exmandataria podría quedar en libertad plena.
Críticas al sistema judicial
Inca acusó al sistema judicial de someterse a intereses políticos:
> “El nuevo gobierno controla Ejecutivo, Legislativo y ahora el Judicial. El mensaje es claro: liberar a Camacho, Pumari y Añez, mientras cientos de personas siguen detenidas sin sentencia desde hace más de una década”.
También cuestionó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, a quien acusó de “servilismo político”.
“No hay justicia para las víctimas de Senkata, solo acuerdos para beneficiar a los poderosos”, concluyó el activista.
Revista Estamos Vivos