«Solamente falta que salga Pato Donald y todo Disney en el audio». Con esa frase, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, respondió a las grabaciones que lo vinculan presuntamente con el exasesor presidencial Fernando Cerimedo. La referencia provocó comentarios y burlas en redes sociales, pero detrás de la ironía hay una pregunta bastante menos divertida: ¿cómo se fiscaliza a las autoridades cuando las denuncias involucran a empresas públicas?
El último audio, difundido el 4 de noviembre, contiene una supuesta conversación entre Justiniano y Cerimedo sobre la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en La Paz y El Alto.
En la grabación, una voz atribuida a Cerimedo habla de reclamos de diputados y senadores por puestos de trabajo dentro de la empresa. También menciona al gerente Édgar Landívar y una supuesta compra de camionetas por la que, según el relato, se habrían realizado pagos para mantenerlo en su cargo. En otro fragmento se habla de conseguir puestos para personas de El Alto y se menciona al Distrito 8.
Hasta el momento, la autenticidad de esta grabación no ha sido confirmada mediante una pericia oficial. Justiniano evitó comentar su contenido, cuestionó el origen de los archivos y aseguró que EPSAS contrata personal por meritocracia, no por cuotas políticas.
¿Cuestionar el audio significa cerrar el caso?
El ministro tiene razón en un punto: una grabación difundida en redes sociales no constituye, por sí sola, una prueba concluyente. Su origen, integridad, contexto e identidad de las voces deben ser verificados antes de atribuir responsabilidades.
Sin embargo, hay otra cuestión que no debería quedar fuera del debate: la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos y las instituciones públicas.
La Constitución boliviana establece, en su artículo 235, que los servidores públicos deben rendir cuentas sobre sus responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas. A su vez, la Ley 974 dispone que las unidades de transparencia pueden gestionar denuncias por posibles actos de corrupción, incluso de oficio, además de garantizar el acceso a información pública.
Esto significa que la discusión no tiene por qué limitarse a determinar si un audio es verdadero o falso. También se pueden solicitar documentos sobre los procesos de contratación, los criterios utilizados para designar personal, las compras de vehículos y las decisiones administrativas de una empresa estatal.
Una polémica que ya acumula meses
El episodio se suma a una serie de grabaciones atribuidas a Cerimedo que, desde agosto, involucraron en distintas conversaciones al presidente Rodrigo Paz, ministros, autoridades policiales y personas de su entorno.
Los registros mencionaron supuestas gestiones para designar funcionarios, decisiones gubernamentales, contratos y operaciones policiales. Mientras algunos audios fueron identificados como manipulados con inteligencia artificial, otros no presentaron señales claras de generación artificial. Pero eso tampoco significa que hayan sido certificados como auténticos o que estén completos.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció la conformación de equipos especializados y una Dirección Nacional de Cibercrimen para investigar el origen y contenido de las grabaciones. También reconoció que existen limitaciones técnicas para realizar determinadas pericias, especialmente cuando no se dispone de los dispositivos originales.
En el caso de EPSAS, además, existen antecedentes de cuestionamientos a sus procesos de compra. En febrero de este año, la empresa informó sobre un presunto daño económico de Bs 14 millones relacionado con la adquisición irregular de tuberías, un caso distinto al mencionado en el nuevo audio.
La polémica deja una discusión que va más allá de los personajes de Disney: si las grabaciones son falsas, corresponde demostrarlo; si son auténticas, corresponde investigar su contenido. Pero, en cualquiera de los dos escenarios, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se manejan las empresas que administran recursos públicos y prestan servicios esenciales.
Porque cuando se habla de puestos de trabajo, compras y posibles influencias políticas, la transparencia no debería convertirse en un asunto de ficción.
RC/REV