El subteniente de Policía Joaquín Antonio Castellón fue procesado por presunto homicidio luego de los hechos registrados el 9 de diciembre en Cotapachi, donde un operativo de desbloqueo derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales. El caso generó debate público por las circunstancias del operativo, las lesiones sufridas por varios agentes y el posterior inicio de una investigación penal contra el funcionario.
Según el reporte policial, Castellón formaba parte de la Unidad Delta, un grupo especial asignado al operativo entre Quillacollo y Colcapirhua. Durante la intervención, los efectivos fueron rodeados por un grupo de manifestantes; se registraron ataques con dinamita, escopetas, petardos y otros objetos contundentes. Varios policías resultaron heridos. En ese contexto, de acuerdo con su declaración, Castellón habría utilizado su arma de reglamento “en defensa propia y de terceros”, señalando que existía “un peligro inminente” para él y sus compañeros.
El subteniente indicó que sufrió lesiones por proyectiles de escopeta —16 esquirlas, de las cuales 15 fueron extraídas por especialistas médicos— y que tuvo que trasladarse a pie más de dos kilómetros para alejarse del lugar debido a la falta de refuerzos y de medios de evacuación. Desde la Caja Nacional de Salud, donde se encuentra internado, expresó: “No me abandonen. He peleado por mis camaradas”, en un mensaje que se difundió por redes sociales.
Investigación penal y cuestionamientos institucionales
La Fiscalía abrió una investigación por la muerte de dos personas registrada en el mismo enfrentamiento. Castellón permanece bajo custodia mientras continúa la recolección de pruebas. La Policía no emitió un pronunciamiento detallado sobre el procedimiento del operativo ni sobre la situación del subteniente, más allá de confirmar que la investigación está en curso.
En redes sociales circularon mensajes de apoyo al efectivo, en los que se sostiene que actuó bajo protocolos de uso proporcional de la fuerza. Sus defensores citan el artículo 11 del Código Penal —que regula la legítima defensa— y estándares internacionales sobre el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También critican la presunta vigencia de un memorándum interno que limita el porte de armas en contextos de conflicto, argumentando que una instrucción administrativa no puede contravenir normas de mayor jerarquía.
Sin embargo, otras voces consideran que la actuación policial debe ser investigada con rigor, debido a la gravedad del resultado y a la necesidad de esclarecer si se cumplieron los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza. Algunos sectores sostienen que estos casos requieren peritajes exhaustivos para determinar las responsabilidades de todos los involucrados.
Relatos del operativo: violencia, refuerzos insuficientes y desplazamiento a pie
Los reportes internos de la Policía señalan que los efectivos enfrentaron una situación adversa y que la intensidad de la confrontación superó las previsiones iniciales. Varios policías resultaron policontusos y con heridas abiertas. Según las declaraciones registradas, los agentes pidieron refuerzos, pero estos no llegaron con la prontitud requerida.
Testigos y videos difundidos en redes mostraron el uso de artefactos explosivos, armas artesanales y otros proyectiles por parte de los manifestantes. En algunos registros, se escuchan amenazas contra los policías. Los hechos aún están en investigación, por lo que las autoridades no han precisado el orden exacto de los acontecimientos ni las causas inmediatas de los fallecimientos.
Contexto previo y debate político
El enfrentamiento de Cotapachi ocurre en un contexto social marcado por disputas territoriales, tensiones políticas y antecedentes recientes de violencia contra efectivos policiales en zonas de conflicto. Algunos analistas señalan que discursos confrontacionales emitidos en años anteriores por referentes políticos contribuyeron a una escalada de hostilidad hacia las fuerzas del orden. Otros consideran que el problema responde a la falta de planificación operativa y a carencias estructurales en equipamiento y protocolos.
El caso también reactivó preguntas sobre las condiciones en las que se despliegan operativos de desbloqueo:
¿Qué equipamiento reciben los policías enviados a zonas de alto riesgo?
¿Cuáles son los criterios oficiales para el uso de armas de fuego en escenarios de confrontación?
¿Qué mecanismos de supervisión existen para garantizar tanto la seguridad de los agentes como la protección de la población.
Un proceso abierto y un debate en desarrollo
Mientras continúa la investigación, la situación del subteniente Castellón genera posiciones divididas. Para algunos sectores, su relato revela la vulnerabilidad operativa de los efectivos en zonas de conflicto. Para otros, su actuación debe ser sometida a escrutinio judicial para determinar si se ajustó a la ley.
El Ministerio Público aún no emitió conclusiones sobre el caso, y los informes periciales y balísticos se mantienen en elaboración. Lo ocurrido en Cotapachi permanece como un episodio que expone tensiones institucionales y sociales, cuyo desenlace dependerá del avance de la investigación y del análisis de los hechos por parte de las autoridades competentes civil.
DEFA/Revista Estamos Vivos