La muerte a tiros de un jaguar que ingresó a una vivienda en Guayaramerín, Beni, desató una fuerte polémica en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron la reacción de los vecinos ante el temor de un posible ataque, otros cuestionaron que el felino haya sido abatido y señalaron que se debió recurrir a las autoridades especializadas para intentar capturarlo y ponerlo a salvo.
El hecho ocurrió el 8 de agosto en el barrio San Francisco, donde, según versiones de pobladores, el animal había sido visto merodeando por la zona antes de ingresar a una vivienda. Ante la presencia del felino, vecinos armados con escopetas le dispararon hasta causarle la muerte, en medio de la alarma generada entre los habitantes.
La decisión de acabar con la vida del jaguar generó posiciones encontradas en plataformas digitales. Algunos ciudadanos consideraron que, frente a la presencia de un animal silvestre dentro de una vivienda, la prioridad debía ser proteger a las personas.
«Con el miedo que tiene en ese momento no da para pensar en buscar sedante; al primer instante de descuido hubiera matado a una persona o a más», escribió Mayerly Calzadilla.
Otros usuarios, en cambio, cuestionaron la reacción de los vecinos y plantearon que se debió solicitar la intervención de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) para controlar la situación e intentar rescatar al animal.
«Los animales silvestres nunca han invadido territorio; el ser humano, por ambiciones personales, somos quienes hemos invadido los territorios de los animales», sostuvo Roni Ribera.
La discusión también puso el foco en la pérdida de hábitat de la fauna silvestre. «Este jaguar está en extinción; gracias al ser humano se quedan sin hogar», manifestó Hindira Hinojosa, quien cuestionó la falta de alternativas para preservar la vida del felino. Otros internautas, sin embargo, argumentaron que un jaguar que se acerca a zonas pobladas puede representar un riesgo, especialmente si comienza a alimentarse de animales domésticos.
El caso reavivó así el debate sobre cómo deben actuar las comunidades ante la aparición de fauna silvestre en áreas urbanas o habitadas. La controversia plantea la necesidad de establecer mecanismos de respuesta rápida que permitan atender situaciones de riesgo sin poner innecesariamente en peligro tanto a la población como a los animales.
En Bolivia, la normativa contempla sanciones para la muerte cruel o innecesaria de animales. El artículo 350 del Código Penal, modificado por la Ley 700, establece el delito de biocidio y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, además de una multa, cuando se mata a un animal con ensañamiento o motivos fútiles. La aplicación de estas disposiciones al caso concreto dependerá de la investigación y de las circunstancias en las que ocurrió la muerte del jaguar.
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