El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó este domingo que la investigación contra el dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, debe desarrollarse con pleno respeto al debido proceso y sostuvo que las consecuencias de los 53 días de bloqueos aún afectan al país, especialmente en el ámbito económico.
La autoridad señaló que corresponde al Ministerio Público y al Órgano Judicial definir la situación legal del dirigente campesino, aunque remarcó que los hechos ocurridos durante las movilizaciones no deben quedar sin investigación.
“Informar a la población de que se está cumpliendo el debido proceso. En Bolivia está permitido protestar, pero realmente lo que no está permitido es bloquear”, manifestó Justiniano.
El ministro recordó que durante las semanas de conflicto se registraron dificultades para el traslado de ambulancias, el abastecimiento de alimentos y combustibles, además de perjuicios a la actividad económica en distintas regiones del país.
“Han estado las ambulancias en emergencia, los alimentos que no podían llegar y los combustibles que tampoco podían llegar. Realmente hemos estado en vilo durante muchos días”, afirmó.
Justiniano insistió en que serán la Fiscalía y la Justicia las instancias encargadas de establecer la responsabilidad de Salazar dentro de la investigación abierta por los bloqueos.
“Esperamos que la justicia y la Fiscalía tomen los caminos que correspondan, cumpliendo los procesos y, en función de eso, se defina cuál será el destino del señor Vicente Salazar”, sostuvo.
La autoridad reiteró que el Gobierno considera que las movilizaciones ocasionaron un grave impacto económico y social, por lo que insistió en que esos hechos deben esclarecerse conforme a la ley.
“Bolivia estuvo en emergencia económica. Fue una situación muy dura y lo que dijimos en su momento es que esto no puede quedar en la impunidad”, complementó.
Por La Razón