La minería ilegal en Bolivia vuelve a generar preocupación luego de que el Gobierno advirtiera un incremento de hechos violentos contra comisiones encargadas de fiscalizar actividades mineras sin autorización. En los últimos meses, funcionarios estatales fueron atacados con armas de fuego y dinamita durante operativos realizados en el departamento de La Paz.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 1 de julio en la comunidad de Achiquiri, municipio de Mapiri, donde una comisión técnica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) tuvo que abandonar una inspección tras ser recibida con disparos y agresiones. El vehículo institucional sufrió daños durante el ataque.
Según la AJAM, desde finales de 2025 también se registraron hechos similares en otras regiones del país, como Pando, Beni, Potosí y La Paz, donde algunos grupos impidieron los controles utilizando armas de fuego y explosivos.
El director de la entidad, Jaime Sanabria, señaló que la minería ilegal ya no representa únicamente un problema ambiental o administrativo, sino también un desafío para la seguridad y el control territorial. Añadió que, de acuerdo con las investigaciones, estas actividades podrían estar relacionadas con otros delitos, como el tráfico de armas, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Especialistas consultados por Mongabay Latam consideran que la situación requiere una respuesta coordinada entre distintas instituciones del Estado para fortalecer los controles y recuperar la presencia estatal en las zonas donde se desarrolla la explotación ilegal de oro.
(Con información de Cecasem)