La presunta instalación de asentamientos de minería ilegal en áreas cercanas a represas y ríos que abastecen a La Paz encendió la alerta municipal. El alcalde de Iván Arias denunció que estas actividades estarían desviando y represando cursos de agua, poniendo en riesgo tanto el suministro para la ciudad como infraestructuras estratégicas. La autoridad pidió acciones inmediatas a las instancias competentes.
Según la denuncia, desde hace más de dos años el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz remitió notas formales a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a la Gobernación paceña, alertando sobre operaciones mineras irregulares en sectores sensibles. Sin embargo, sostiene que hasta la fecha no se habrían asumido medidas efectivas para frenar estos asentamientos.
El caso más reciente se reportó en el sector del río Orkojahuira, donde —de acuerdo con la información municipal— se estaría alterando el curso natural del agua mediante represamientos y desvíos. Esta situación podría afectar a zonas como Villa Fátima y generar impactos ambientales y estructurales de consideración.
Además, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) habría advertido que estas intervenciones clandestinas comprometen infraestructuras vinculadas al tratamiento y distribución de agua potable, elevando el riesgo para el abastecimiento regular de la ciudad.
Arias enfatizó que la responsabilidad de control recae tanto en la Gobernación, por la otorgación de permisos relacionados con regalías, como en la AJAM, encargada de autorizar áreas de operación minera. En ese marco, instó a una intervención coordinada y urgente para frenar la expansión de asentamientos ilegales y prevenir un eventual daño mayor en las fuentes hídricas que sostienen a la sede de gobierno.
Revista Estamos Vivos