La situación de los manifestantes detenidos durante las protestas se convirtió en el principal punto de discusión del primer acercamiento formal entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que se instaló este miércoles tras 48 días de conflicto y 43 jornadas de bloqueos en distintos puntos del país.
La reunión concluyó con un cuarto intermedio y sin acuerdos definitivos, aunque permitió abrir una mesa de negociación después de varias semanas de confrontación política y social.
El encuentro, que inicialmente fue convocado para la mañana y sufrió sucesivas postergaciones, comenzó finalmente al final de la tarde en instalaciones del Banco Central de Bolivia.
Durante la apertura de la reunión, el presidente Rodrigo Paz llamó a buscar una salida pacífica al conflicto y defendió la necesidad de privilegiar el diálogo por encima de la confrontación.
“El vivir bien evidentemente no es con bloqueos ni haciéndonos daño entre bolivianos, sino mediante la búsqueda del diálogo”, afirmó el mandatario.
La COB, que en las primeras semanas de movilización exigía la renuncia de Paz, dejó de lado esa demanda para concentrar sus esfuerzos en la liberación de sus afiliados y dirigentes procesados por los hechos ocurridos durante las protestas.
“Lo primordial y principal va a ser la liberación de nuestros detenidos. Si no, ante la población y ante nuestras bases, esto va a ser una traición”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al salir de la reunión durante el cuarto intermedio.
En respuesta, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el Ejecutivo realizará una evaluación jurídica de los casos planteados por la organización sindical. Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que cualquier decisión se adoptará en el marco de la ley y tras una revisión individual de cada proceso.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, alrededor de 360 personas fueron arrestadas durante las semanas de conflicto. Aunque la mayoría recuperó su libertad, más de un centenar permanece procesada o con detención preventiva en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Pese al avance que representa la instalación del diálogo con la COB, el Gobierno aún enfrenta dificultades para alcanzar una solución integral al conflicto. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari descartó haber iniciado negociaciones y ratificó la continuidad de los bloqueos.
Su principal dirigente, Vicente Salazar, aseguró que la organización únicamente presentó una “última conminatoria” al Ejecutivo con cinco demandas, entre ellas la liberación de los detenidos, el cese de la persecución política, el respeto a la wiphala y respuestas a la crisis económica.
Mientras tanto, desde Cochabamba, el gobernador Leonardo Loza pidió una “pausa humanitaria” para facilitar el traslado de medicamentos, alimentos y agua a las zonas afectadas por los bloqueos, aunque aclaró que ello no implica el levantamiento de las medidas de presión.
Con las negociaciones aún abiertas y varios sectores movilizados fuera de la mesa de diálogo, el Gobierno busca avanzar en acuerdos que permitan reducir las tensiones y restablecer la normalidad en las carreteras del país.