El Gobierno anunció este jueves el fin del modelo de subvención de harina, luego de identificar una serie de irregularidades y presuntos hechos de corrupción que, según las autoridades, habrían provocado un daño económico estimado en Bs 1.000 millones durante los últimos cuatro años.
El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó que las auditorías revelaron un esquema de compra y distribución irregular que beneficiaba a un reducido grupo de personas vinculadas al sector. Según la autoridad, existían redes que adquirían harina subvencionada a precios muy por debajo del mercado Bs 100 por quintal para luego revenderla o beneficiarse de su uso, mientras que Emapa compraba el producto a Bs 400.
Asimismo, Serrano denunció que algunos dirigentes cobraban montos de hasta Bs 20.000 para permitir la afiliación de panaderos a sus asociaciones y facilitar el acceso a la harina subvencionada. También se detectó la existencia de “panaderos fantasmas” registrados únicamente para recibir el beneficio estatal.
“El modelo de subvención que permitía el enriquecimiento ilícito de unos cuantos a costa del pueblo boliviano se termina”, afirmó Serrano, enfatizando que el Estado trabajará en un sistema nuevo que asegure al consumidor un precio justo y un peso adecuado del pan. La autoridad exhortó al exgerente de Emapa, Franklin Flores, y al dirigente panadero Rubén Ríos ambos declarados prófugos a presentarse ante la justicia para responder por los presuntos ilícitos detectados.
En cuanto a la alternativa que reemplazará la subvención, Serrano señaló que se busca construir una metodología consensuada con los panificadores. Si bien la semana pasada se sostuvieron reuniones en La Paz sin lograr un acuerdo, adelantó que continuarán los espacios de diálogo hasta alcanzar una propuesta que garantice la provisión de pan sin distorsiones ni abusos.
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