El Ministerio de Educación emitió la Resolución Ministerial 01/2026, que regula la gestión educativa en Bolivia para 2026, estableciendo límites claros para directores, maestros, juntas de padres, tutores y autoridades políticas. La normativa prohíbe de manera expresa que los estudiantes sean obligados a participar en marchas, protestas, reclamos o cualquier acto político, en respuesta a cuestionamientos por vulneración de derechos fundamentales en años recientes.
El artículo 71 de la resolución establece de forma categórica:
“Queda terminantemente prohibido que directores de unidades educativas, maestros, padres, madres de familia o tutores y autoridades políticas obliguen a los estudiantes a participar de movilizaciones de protesta, reclamos, actos políticos u otros”.
La medida refuerza que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser respetados prioritariamente, sin ningún tipo de coerción o condicionamiento.
El Ministerio advirtió que quienes incumplan esta disposición serán sancionados, conforme al Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y del Personal Docente Administrativo, así como otras normas vigentes aplicables al caso.
Además, la resolución establece restricciones para las juntas de padres, señalando que no pueden:
- Obligar a pagar cuotas para festejos o agasajos.
- Intervenir en asuntos técnico-pedagógicos, cuya gestión es responsabilidad exclusiva de los directores.
Según el Ministerio, estas medidas buscan poner fin a prácticas de presión política y económica en las escuelas, garantizando una educación libre, segura y centrada en el bienestar del estudiante.
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