A más de tres años de la muerte de un oso jucumari en inmediaciones del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) El Palmar, en Chuquisaca, el caso llegó a juicio oral y tendrá una nueva audiencia este 16 de septiembre de 2026, en Sucre. Organizaciones defensoras de la fauna exigen que el proceso avance con transparencia y que, si se establece responsabilidad penal, se aplique la máxima sanción que permita la ley.
El hecho ocurrió el 29 de julio de 2023, cuando el ejemplar fue perseguido, atacado y posteriormente asesinado. De acuerdo con la información difundida por Senda Verde, su cuerpo fue desmembrado y desollado, mientras se registraban y difundían imágenes relacionadas con el hecho.
El caso generó indignación y puso nuevamente en debate la protección de la fauna silvestre en Bolivia. Ahora, el proceso judicial busca determinar las responsabilidades correspondientes por la muerte del animal.
La nueva audiencia está programada para el 16 de septiembre, a las 17:00, en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer 5.º de Chuquisaca.
Antes de esta audiencia, Protectora de Animales S.A. convocó a un plantón ciudadano pacífico para este 15 de septiembre, a las 10:00, en la Plaza 25 de Mayo de Sucre, con el objetivo de acompañar el proceso y exigir justicia para el jucumari.
Desde Senda Verde y Alas Chiquitanas respaldaron el seguimiento realizado por las organizaciones que acompañan el caso y llamaron a las autoridades judiciales a actuar con independencia, transparencia y respeto al debido proceso. Asimismo, pidieron que, de comprobarse la responsabilidad de los acusados, se aplique la máxima sanción que corresponda conforme al marco legal vigente.
El jucumari (Tremarctos ornatus) está categorizado como Vulnerable en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia y cumple un papel importante en los ecosistemas andinos. Por ello, las organizaciones consideran que la resolución de este caso puede convertirse en un precedente sobre la respuesta del Estado frente a delitos contra la fauna silvestre.
Más allá de un caso particular, las organizaciones sostienen que el proceso representa una prueba para la capacidad de las instituciones de hacer cumplir las normas de protección de la biodiversidad y evitar que hechos de esta naturaleza queden sin consecuencias.
La atención estará puesta ahora en la audiencia del 16 de septiembre, mientras organizaciones ambientalistas y ciudadanos piden que el proceso tenga seguimiento y que la muerte del ejemplar no quede en el olvido.
Revista Estamos Vivos