El diario argentino Perfil publicó este fin de semana un amplio reportaje sobre el escándalo del Banco Fassil, al que describió como “el emblema de la corrupción empresarial y política en Bolivia”. El medio citó un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que involucra a más de 50 empresarios cruceños en el presunto desvío de más de 4.000 millones de bolivianos provenientes de los ahorros de los clientes de la entidad.
El caso volvió a ocupar la atención pública tras las acusaciones del candidato Edmand Lara durante el debate vicepresidencial, quien señaló a Juan Pablo Velasco, hijo del exdirectivo condenado Álvaro Velasco, de haber recibido cheques y dividendos vinculados al Grupo Financiero La Sierra S.A., matriz del Banco Fassil.
> “El señor Juan Velasco le mintió al país cuando dijo que no recibió ni un centavo del banco Fassil”, citó Perfil las declaraciones de Lara, que mostró documentos y cheques por más de 364 mil bolivianos. Velasco es actualmente candidato a la vicepresidencia junto a Jorge “Tuto” Quiroga.
Red de poder y vínculos empresariales. Según el reportaje, entre 2018 y 2021, los fondos desviados habrían sido transferidos al Santa Cruz Financial Group, conglomerado de empresas con fuertes conexiones políticas. Entre los beneficiarios mencionados se encontrarían figuras como Juan Carlos Sánchez (Ferrotodo), Luis Barbery Paz (Unagro) y Tatiana Marinkovic, hermana del exministro de Economía Branko Marinkovic, actualmente senador por la alianza Libre.
Perfil recordó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el banco el 26 de abril de 2023, revelando una red de créditos irregulares, operaciones sin respaldo y una deuda superior a 2.200 millones de bolivianos. En ese momento, Fassil era la cuarta entidad bancaria más grande del país. El reportaje también mencionó el fallecimiento del interventor Carlos Colodro, ocurrido un mes después de la intervención. Aunque el caso fue catalogado oficialmente como suicidio, sectores opositores sugirieron un posible encubrimiento.
Pérdidas millonarias y consecuencias sociales. El colapso de Fassil afectó directamente a más de 4.500 empleados y a miles de clientes, además de provocar pérdidas significativas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que habrían invertido alrededor de 2.000 millones de dólares en bonos de la entidad.
«El informe de la UIF fue contundente: los créditos vinculados fueron usados para financiar empresas fantasma, proyectos inmobiliarios y actividades especulativas”, señala el medio argentino.
Entre la impunidad y el poder económico. Para Perfil, el caso Fassil simboliza la fusión entre poder político y económico en Bolivia, y evidencia las debilidades institucionales del Estado frente a los grupos empresariales más influyentes. El diario concluye que la lista de empresarios implicados revela un patrón de concentración del crédito en un pequeño círculo de poder, consolidado durante años bajo protección política.
“Fassil fue el banco del poder cruceño, sostenido por empresarios influyentes y amparado por la dirigencia local”, apunta el medio, que considera que muchos de los responsables aún no enfrentan procesos judiciales pese a mantener vínculos con el Estado y sectores políticos.
El reportaje argentino vuelve a poner en el centro del debate nacional un caso que marcó un antes y un después en la historia financiera de Bolivia, y que continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y la justicia en torno al sistema bancario del país.
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