Una denuncia difundida por el periodista John Arandia alertó sobre un presunto avasallamiento en la comunidad Laji Lurizani, del municipio de Pelechuco, en la provincia Franz Tamayo de La Paz. Según el reporte, un grupo de personas habría ingresado a la comunidad y tomado viviendas y terrenos, generando temor entre las familias del lugar.
De acuerdo con el testimonio difundido, durante el ingreso se encontraban personas adultas, familias y niños dentro de los hogares, quienes habrían tenido que abandonar sus viviendas ante una situación que, según el denunciante, incluyó disparos y amenazas.
Denuncian violencia y saqueos
El reporte también recoge acusaciones sobre la existencia de personas heridas y fallecidas, aunque estos extremos no fueron confirmados en la información proporcionada.
El denunciante señaló además que los presuntos ocupantes habrían ingresado acompañados por personas a las que calificó como posibles sicarios y que se habrían registrado disparos contra los comunarios. Asimismo, afirmó que algunas áreas de la zona fueron quemadas y que varias viviendas habrían sido saqueadas.
Entre los objetos presuntamente sustraídos se encontrarían pertenencias de valor de las familias afectadas. El testimonio también menciona el uso de gases lacrimógenos durante los hechos.
Familias buscan refugio
La situación habría provocado el desplazamiento de parte de los habitantes hacia comunidades cercanas. Según la denuncia, algunos pobladores lograron salir del lugar, mientras que otros permanecieron en la comunidad.
El informante manifestó preocupación porque las personas que presuntamente ingresaron a Laji Lurizani continuarían ocupando algunas viviendas de los comunarios.
Ante este escenario, los pobladores solicitaron la presencia de efectivos policiales y de las autoridades competentes para atender la situación y establecer qué ocurrió en la comunidad.
Piden esclarecer los hechos
La denuncia fue acompañada, según el reporte difundido, por fotografías y otros elementos que pretenden respaldar las acusaciones. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos denunciados, corresponde que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades, verificar la situación de las familias y establecer si existieron víctimas, heridos, daños o apropiación ilegal de viviendas y tierras.
Mientras se espera información oficial, los pobladores permanecen en alerta y expresan temor por la seguridad de las familias que continúan en la zona.
Hasta contar con una investigación oficial, las acusaciones sobre la participación de presuntos sicarios, personas extranjeras, fallecidos y otros hechos descritos en la denuncia deben ser consideradas señalamientos pendientes de verificación.
Revista Estamos Vivos