Las cooperativas mineras auríferas se declararon en estado de emergencia y expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece de manera temporal un precio de Bs 18 por litro de diésel para determinados compradores. El sector considera que el nuevo costo tendrá un impacto directo en sus operaciones y cuestiona que la medida no haya sido consensuada con sus representantes.
Desde Ferreco R.L. anunciaron que solicitarán al Gobierno la abrogación del decreto y la instalación de una mesa técnica para revisar los costos relacionados con el transporte y la comercialización del combustible.
Sector advierte impacto en sus operaciones
Las cooperativas señalan que el incremento representa un aumento cercano al 90% respecto al precio de Bs 9,37 por litro que pagaban anteriormente, situación que, según el sector, elevará de manera considerable sus costos operativos.
El diésel constituye un insumo utilizado en las actividades productivas de las cooperativas mineras, por lo que sus representantes advierten que el nuevo precio podría afectar la continuidad de sus operaciones.
Desde Ferreco R.L. señalaron que, si la medida no es modificada, varias cooperativas podrían verse obligadas a paralizar sus actividades, aunque no se precisó el número de operaciones que podrían asumir esta decisión.
Piden una mesa técnica con el Gobierno
Entre las principales demandas del sector está la apertura de un espacio de diálogo con las autoridades. Las cooperativas plantean una mesa técnica urgente para analizar los costos reales de transporte y comercialización del diésel y revisar el impacto que tendría el nuevo precio establecido por el decreto.
El pedido de abrogación del D.S. 5676 constituye uno de los principales puntos de la posición asumida por el sector, que busca que el Gobierno revise la aplicación del nuevo precio para los consumidores alcanzados por la norma.
También reclaman controles contra el contrabando
Además del rechazo al nuevo precio, las cooperativas mineras pidieron al Gobierno fortalecer los controles contra el contrabando de diésel en las zonas fronterizas.
El sector sostiene que el combate al desvío ilegal del combustible debe formar parte de las medidas destinadas a garantizar el abastecimiento y evitar que las actividades productivas formales enfrenten mayores dificultades para acceder al carburante.
Por ahora, las cooperativas mantienen su estado de emergencia y esperan que sus demandas sean atendidas mediante una instancia de diálogo con el Gobierno. Su principal exigencia es dejar sin efecto el Decreto Supremo 5676 y revisar técnicamente el esquema de precios y comercialización del diésel.
Revista Estamos Vivos