Luego de su reciente visita a Bolivia, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe que alerta sobre los impactos de los incendios forestales ocurridos en 2024 y plantea 22 recomendaciones al Estado boliviano.
La recomendación número 20 del documento insta a establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental y a adoptar marcos normativos que garanticen la protección integral de las personas defensoras del medio ambiente. Esto incluye brindar garantías de seguridad, reconocimiento público de su labor y participación activa en las políticas ambientales, con especial énfasis en liderazgos indígenas y comunitarios.
Durante su estadía en el país, del 9 al 11 de diciembre de 2024, la REDESCA recopiló testimonios de representantes indígenas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas ambientales que denunciaron barreras estructurales en su labor de protección de territorios. Entre ellas, se destacó la falta de información pública oportuna, el acceso limitado a sistemas de alerta y episodios de desinformación en plena emergencia.
El informe también señala que estas condiciones obstaculizan la participación ciudadana en decisiones ambientales y agravan la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
La situación no es nueva. Ya en 2021, el Consejo Económico Social de la ONU recomendó a Bolivia adoptar una política integral de protección para personas defensoras de derechos humanos, con medidas de prevención, investigación y sanción frente a ataques.
Datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS refuerzan esta preocupación: en 2024 se registraron 93 vulneraciones al derecho a defender derechos, y el 75% afectó a defensores del medio ambiente. La criminalización fue el tipo de agresión más frecuente. La mayoría de estos hechos involucran a funcionarios públicos como principales responsables.
El informe de la REDESCA concluye que es urgente una respuesta estatal que garantice la justicia ambiental y la protección efectiva de quienes dedican su vida a cuidar los ecosistemas del país.
Revista Estamos Vivos