Luego de más de un año de suspensiones, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, será trasladado desde la cárcel de Chonchocoro a Santa Cruz para asistir de forma presencial al juicio oral por el denominado caso “decretazo”, programado para el 25 de julio.
El proceso está relacionado con el Decreto Departamental 373, firmado en marzo de 2022, mediante el cual Camacho delegó temporalmente sus funciones en un secretario y no en el entonces vicegobernador, como establece la Constitución y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Por este hecho, es investigado por la presunta emisión de resoluciones contrarias a la ley.
El juicio sufrió 14 postergaciones, principalmente por la falta de cumplimiento en su traslado. La defensa del gobernador presentó una acción de libertad, que fue resuelta con una sentencia constitucional que ordena su traslado, advirtiendo que su incumplimiento podría constituir una falta grave.
La última audiencia se intentó realizar en junio, pero no se concretó. Según la defensa, Régimen Penitenciario alegó entonces falta de presupuesto, escasez de combustible y bloqueos para justificar la imposibilidad de su traslado.
La realización del juicio marcará el inicio formal del proceso judicial y también pondrá a prueba la efectividad de las resoluciones emitidas por el sistema de justicia.
Revista Estamos Vivos