La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) retornará “muy pronto” a Bolivia, según confirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en una entrevista con la agencia AFP. El anuncio marca un giro en la política antidrogas del país y la reanudación de vínculos interrumpidos desde 2008, cuando la agencia fue expulsada tras la ruptura de relaciones diplomáticas.
Justiniano señaló que el regreso de la DEA responde a un compromiso político del Gobierno, y que su principal función será restablecer el intercambio de información y fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico. “Ya no seremos un país aislado, un país que se mira el ombligo y actúa únicamente por necesidad política”, afirmó.
El viceministro advirtió que en Bolivia operan cárteles internacionales, por lo que las capacidades locales no son suficientes. “No podemos enfrentar solos al narcotráfico; necesitamos cooperación”, expresó, insistiendo en la necesidad de acciones conjuntas con otros países.
El cambio coincide con la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien desde inicios de noviembre impulsó un acercamiento diplomático con Estados Unidos con miras al restablecimiento pleno de relaciones, rotas hace 17 años. Autoridades estadounidenses —entre ellos Marco Rubio y el exembajador Christopher Landau— participaron en actos oficiales recientes, evidenciando el renovado diálogo bilateral.
La reactivación del trabajo conjunto ocurre en un contexto en el que Bolivia registra 31.000 hectáreas de coca, de las cuales solo 22.000 son legales, según datos de la ONU. Justiniano estimó que en el país podrían producirse hasta 300 toneladas de cocaína al año, cifras que calificó como “exorbitantes”.
Uno de los principales desafíos del viceministro —quien ya ocupó el cargo entre 2002 y 2003— será erradicar cultivos ilegales y reorganizar las estrategias antidrogas. La hoja de coca mantiene un rol central en la cultura y economía de los Yungas y el Chapare, pero los excedentes continúan siendo desviados al narcotráfico.
Hasta la pasada gestión, el Gobierno había rechazado la cooperación internacional bajo un discurso de “soberanía”. Sin embargo, el incremento en las incautaciones de cocaína, que alcanzaron 66 toneladas en 2024 (más del doble que en 2023), reforzó la necesidad de nuevas alianzas.
Con el retorno de la DEA, Bolivia abre una etapa de cooperación internacional más amplia, enfocada en combatir organizaciones transnacionales y fortalecer sus capacidades de inteligencia y control.
Revista Estamos Vivos