En los últimos tres meses, Bolivia ha registrado al menos 11 homicidios y tres secuestros vinculados al narcotráfico, la mayoría en Santa Cruz de la Sierra, revelando una escalada de violencia poco habitual en el país. Sicariatos con decenas de disparos, extradiciones de capos internacionales y el hallazgo de cadáveres de origen europeo confirman el creciente interés de organizaciones criminales por operar en territorio boliviano.
El informe 2025 de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de EE. UU., que calcula una producción anual de 200 a 300 toneladas de cocaína —alrededor del 15 % del total mundial— motivó la reciente descertificación de Bolivia. Washington señala que las 33.000 hectáreas de coca cultivadas en 2024 superan con creces el límite legal de 22.000. El Gobierno boliviano respondió acusando a Estados Unidos de actuar como “juez unilateral” mientras su propio mercado de consumo sigue siendo uno de los más grandes.
Aun así, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) asegura haber desmantelado 241 fábricas de droga, incautado 30 toneladas de estupefacientes y expulsado a 40 extranjeros en lo que va del año. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, niega la existencia de carteles que dominen territorios, aunque admite intentos de cabecillas por instalarse en el país.
Investigaciones periodísticas y judiciales refuerzan esas sospechas. La cadena brasileña Globo reportó que Sérgio Luiz de Freitas Filho, el fugitivo más buscado del grupo Primer Comando de la Capital (PCC), reside en Santa Cruz desde hace una década. Allí también vivieron Marcos “Tuta” de Almeida, entregado a Brasil en mayo, y el uruguayo Sebastián Marset, quien escapó en 2023. La fiscalía brasileña identifica a 146 miembros del PCC en Bolivia, mientras medios argentinos hablan de la “guerra de la mafia de los Balcanes” tras el hallazgo de tres ciudadanos serbios y macedonios asesinados en agosto.
Expertos atribuyen la vulnerabilidad del país a un sistema judicial débil y permeado por la corrupción. El World Justice Project coloca a Bolivia como el país más corrupto de la región. Escándalos recientes, como la extradición a EE. UU. del exdirector de la Felcn Maximiliano Dávila y el encarcelamiento de René Sanabria por lavado de activos, refuerzan esta percepción.
La limitada presencia estatal en las fronteras con Brasil y Chile facilita el ingreso de redes criminales. El Gobierno ha firmado acuerdos de cooperación con Brasil y Argentina, pero especialistas advierten que las medidas son tardías. Proponen descentralizar la Policía, negociar penas con microtraficantes para llegar a los cabecillas, usar cámaras corporales en operativos y fortalecer la colaboración internacional.
La creciente violencia, unida a la campaña electoral, mantiene el tema en el centro del debate. Los candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Quiroga coinciden en que se necesita apoyo externo para reforzar las instituciones de seguridad. Quiroga, más duro en su postura, responsabiliza al expresidente Evo Morales y a los productores de coca del Chapare de favorecer el narcotráfico, recordando los enfrentamientos de su propio mandato a inicios de siglo.
Con los homicidios en aumento y la presión internacional en ascenso, Bolivia enfrenta un desafío crítico: frenar la expansión de las mafias sin repetir los episodios de violencia del pasado.
Revista Estamos Vivos