La muerte del joven de 20 años, que hizo pública su lucha contra el cáncer y pidió una ley para evitar morir con dolor, reabre una discusión que va más allá de la eutanasia: el derecho a decidir, el acceso a cuidados paliativos y la responsabilidad del Estado frente al sufrimiento de los pacientes.
Aldrin Obed Ichuta Vargas tenía 20 años y una petición que decidió compartir con todo un país: no quería morir con dolor. Su historia, marcada por una lucha contra el cáncer de huesos, llegó a miles de personas a través de videos en los que mostraba los tratamientos, las complicaciones de su enfermedad y el temor de enfrentar sus últimos momentos con sufrimiento.
El joven falleció el lunes 16 de noviembre, según comunicaron la Unidad Educativa Plena Maranata, donde cursó sus estudios, y medios de comunicación nacionales. Su partida deja tristeza entre quienes siguieron su historia, pero también una pregunta que Bolivia todavía no ha respondido: ¿está preparada para debatir y regular el derecho a una muerte digna?
Aldrin fue diagnosticado en 2023 con osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta los huesos. Después de atravesar una primera etapa de la enfermedad, el cáncer reapareció en 2026 y se extendió a otros órganos, incluidos los pulmones. Desde mayo de este año comenzó a compartir públicamente su experiencia y a pedir que la Asamblea Legislativa acelerara el tratamiento de una norma que contemplara la eutanasia en determinadas circunstancias médicas.
“Yo no me quiero ir con dolor, yo no me quiero ir sufriendo”, expresó en uno de sus mensajes más difundidos. También manifestó su miedo a perder la sensibilidad de su cuerpo, depender de máquinas y no poder despedirse de sus seres queridos en las condiciones que deseaba. Su pedido no era solamente una discusión jurídica: hablaba de su propio cuerpo, de su sufrimiento y de la posibilidad de tomar decisiones sobre el final de su vida.

Una ley que no llegó a debatirse
Su demanda coincidió con el Proyecto de Ley 691/2025-2026, denominado Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia, impulsado por el diputado Diego Brañez. La propuesta plantea garantizar cuidados paliativos y establecer condiciones médicas y legales para que personas adultas con enfermedades terminales puedan solicitar la muerte asistida, mediante una decisión voluntaria y evaluaciones profesionales.
Sin embargo, la iniciativa quedó suspendida en octubre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, después de que organizaciones y sectores religiosos solicitaran un proceso de socialización. Con el cierre de la legislatura, el proyecto quedó pendiente de reposición y tratamiento.
Tras conocerse la muerte de Aldrin, el diputado Brañez anunció que volverá a presentar la propuesta y que buscará el respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas. Según informó ERBOL, espera que la nueva comisión pueda analizarla y emitir un informe hasta finales de noviembre. Por su parte, el senador José Manuel Ormachea sostuvo que el Legislativo tiene una discusión pendiente con Aldrin, su familia y la sociedad.

Más allá de estar a favor o en contra
El debate sobre la eutanasia involucra distintas posiciones éticas, religiosas, médicas y jurídicas. Hay quienes defienden la autonomía de las personas para decidir sobre el final de su vida ante enfermedades irreversibles y sufrimientos intolerables. Otros advierten sobre los riesgos de regularla en contextos donde existen desigualdades, deficiencias en la atención sanitaria o dificultades para garantizar que cada decisión sea verdaderamente libre.
Pero hay otra pregunta que no debería quedar fuera: ¿cuántos pacientes en Bolivia pueden acceder oportunamente a cuidados paliativos, medicamentos para controlar el dolor y acompañamiento especializado durante una enfermedad avanzada?
Hablar de muerte digna también implica hablar de cómo se vive con una enfermedad terminal, de la atención que reciben los pacientes y del apoyo que necesitan sus familias. La eutanasia y los cuidados paliativos son asuntos relacionados, pero no equivalentes: el debate legislativo debe explicar con claridad qué derechos, garantías y alternativas contempla cada uno.
Aldrin ya no podrá participar de esa discusión que pidió acelerar. Su historia, sin embargo, deja una responsabilidad para las autoridades y para la sociedad: abordar el tema con información, respeto y sensibilidad, sin convertir el sufrimiento de los pacientes en una disputa política o ideológica.
La pregunta sigue abierta: ¿Bolivia está preparada para debatir la eutanasia y garantizar que ninguna persona enfrente sola el dolor de una enfermedad irreversible?
RC/REV

