El viernes 4 de julio, el tratamiento de los contratos del litio en la Cámara de Diputados fue suspendido sin fecha definida, en medio de un debate que generó distintas posturas dentro y fuera del Legislativo.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, señaló que si no se aprueban estos acuerdos, Bolivia podría dejar pasar oportunidades importantes en cuanto a inversión, empleo, tecnología y participación en el mercado internacional. “No se trata de una pérdida para una persona o una institución, sino para todo el país”, afirmó.

Los contratos están relacionados con proyectos firmados entre 2023 y 2024 con empresas de China y Rusia, con el objetivo de aplicar tecnología de extracción directa de litio (EDL) y construir plantas industriales. Su análisis había sido postergado previamente para permitir una mayor socialización, especialmente en regiones como Potosí.
Algunas organizaciones han planteado que las decisiones sobre estos contratos deberían evaluarse con mayor amplitud, tomando en cuenta que quedan pocos meses para la finalización del actual mandato presidencial.
Bolivia cuenta con una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en 23 millones de toneladas, y su industrialización ha sido presentada como una oportunidad estratégica para el desarrollo del país. Autoridades señalaron que, si los contratos no avanzan, las inversiones podrían dirigirse a otros destinos.
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