El juicio oral contra dos exautoridades jesuitas por encubrir los abusos del sacerdote Alfonso Pedrajas comenzó en Cochabamba y marca un hecho sin precedentes en Bolivia. Más de 30 testigos participarán en este proceso histórico, que busca justicia para las víctimas de uno de los casos más oscuros en el ámbito religioso del país.
Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, exprovinciales jesuitas, enfrentan cargos por encubrir los abusos cometidos en el internado del Colegio Juan XXIII. Según Pedro Lima, exjesuita y vocero de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, ambos tenían poder para actuar pero no lo hicieron, permitiendo que los delitos continúen.
Durante la etapa de investigación, 18 personas declararon ante la Fiscalía, aunque solo tres lo hicieron públicamente. Lima asegura que las víctimas no solo fueron alumnos de ese colegio, sino también menores provenientes de escuelas Fe y Alegría de todo el país, reclutados para el internado.
«Por primera vez se sientan en el banquillo personas que pudieron frenar los abusos y no lo hicieron. No basta con decir ‘no sabíamos’. Las pruebas son claras», afirmó Lima en una entrevista.
A pesar de la gravedad del caso, la legislación boliviana establece penas de hasta dos años por encubrimiento. Y debido a la avanzada edad de los acusados, es poco probable que vayan a prisión. Sin embargo, la sentencia tendría un valor simbólico y podría impulsar cambios.
La comunidad de sobrevivientes exige que estos delitos sean imprescriptibles y que se endurezcan las penas, sobre todo cuando se trata de abusos contra menores. También piden que este juicio no quede solo en una condena, sino que sirva para impulsar reformas profundas en las instituciones religiosas y educativas.
«Nuestros niños son el mayor tesoro que tenemos, y es nuestra responsabilidad como sociedad protegerlos», remarcó Lima.
Revista Estamos Vivos