A través de un comunicado, el expresidente Luis Arce Catacora se pronunció sobre el caso Soboce – Fancesa. Aseguró estar dispuesto a cooperar cualquier investigación, pero anticipó ser inocente del supuesto delito de tráfico de influencias a favor de la empresa privada.
«No me he escapado, no tengo nada que ocultar, respeto la independencia de los Órganos del Estado y no estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Soboce o alguna otra empresa privada», indica en el documento que lleva la firma del exmandatario boliviano.
Según el reporte de El Deber, conversaciones intervenidas por la Policía española revelan que el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, realizó gestiones para contactar al entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, en el marco de un caso judicial que investiga presuntas influencias a favor de un grupo empresarial peruano Gloria, que mantenía disputas económicas con el Estado boliviano.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España incorporó a la investigación del denominado ‘caso Plus Ultra’ una serie de conversaciones entre Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, en las que el exmandatario instruye realizar contactos con el entonces presidente boliviano.
El Grupo Gloria requería respaldo en Bolivia. Su filial cementera, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), arrastraba desde 2011 una demanda por competencia desleal presentada por la Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa), empresa pública boliviana.
La justicia boliviana determinó que Soboce utilizó de manera indebida acciones de Fancesa como garantía para financiar su propio crecimiento y, tras años de litigio y apelaciones, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó en febrero de 2025 la sentencia: el pago de 107 millones de dólares a favor de Fancesa.
A ello se añadían otros dos conflictos: la falta de pago de la compensación por la nacionalización de acciones de Soboce y una obligación tributaria de 12 millones de dólares.
El 30 de mayo de 2025, un tribunal declaró procedente el recurso de amparo presentado por Soboce y dejó en suspenso la sentencia que obligaba a pagar los 107 millones de dólares.