Tensión social luego de que el presidente Rodrigo Paz eliminara las subvenciones a los combustibles a partir de este jueves. La medida elevó de manera inmediata el precio de la gasolina y el diésel, y los sindicatos del transporte público anunciaron incrementos en el pasaje urbano, lo que provocó rechazo en un porcentaje de la población y otros buscan enfrentar la situación con aceptación.
Según los choferes, el tramo largo subiría a Bs 3,50 y el tramo corto a Bs 3, debido al aumento en los costos de operación. En La Paz y El Alto, algunos sectores reportaron incluso ajustes mayores, en unidades del transporte libre o alternativo. Las tarifas anteriores —entre Bs 2 y Bs 2,50— se mantenían desde hace años pese a la inflación.
El ajuste llega mientras las estaciones aún venden combustible al precio antiguo, utilizando la última carga subsidiada. Una vez agotado ese stock, se distribuirá gasolina a precio pleno, mientras se habilitan modalidades alternativas —incluyendo combustibles como GNV y mezclas especiales, que tendrán nuevos valores señalados por el Gobierno—, lo que los sindicatos consideran “un golpe directo al sector”.
La reacción social se concentró en barrios y redes: vecinos, juntas y usuarios demandan que se declare “Transporte Libre”. Con esa expresión, los ciudadanos proponen permitir mayor competencia de operadores independientes, romper el control sindical y habilitar rutas libres, con la expectativa de que el mercado contenga los precios del pasaje.
Los usuarios argumentan que los sindicatos fijan tarifas sin consenso, no mejoran el servicio y utilizan el incremento del combustible para imponer alzas inmediatas. En contraste, el Transporte Libre se plantea como una opción “más abierta y menos monopolizada”, aunque sin regulaciones claras sobre seguridad, rutas ni control tarifario.
El conflicto se instaló desde primeras horas del jueves en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y ciudades intermedias, donde los usuarios reclamaron por los nuevos precios y pidieron alternativas antes de los reajustes definitivos en los surtidores. Los choferes, por su parte, afirmaron que “no pueden operar con pérdidas” y responsabilizaron al Gobierno por el impacto directo en el costo del pasaje.
La jornada se mantiene en evaluación mientras los surtidores agotan el combustible subsidiado y los precios oficiales entran en vigencia plena, marcando el inicio de una disputa entre sindicatos del volante, vecinos y autoridades.
DEFA/Revista Estamos Vivos