El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que la emisión de nuevas órdenes de aprehensión en el caso del Fondo Indígena es una medida necesaria para garantizar que la investigación alcance a todos los involucrados y no se limite únicamente a exautoridades que autorizaron los desembolsos.
En contacto con la prensa, el burgomaestre sostuvo que la justicia debe investigar tanto a quienes firmaron la entrega de recursos como a las personas y organizaciones que los recibieron. Cuestionó que el proceso judicial se haya concentrado en pocos imputados y planteó la necesidad de esclarecer el destino final del dinero público.
Arias remarcó que existen indicios de que algunos fondos habrían sido utilizados en predios privados y subrayó que más de 8.000 presuntos beneficiarios del Fondo Indígena deberían ser convocados por el Ministerio Público para rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados.
En ese marco, reiteró su postura crítica sobre el origen del caso y señaló al expresidente Evo Morales como parte central de la estructura de decisiones que permitió el manejo irregular del Fondo Indígena.
Las declaraciones del Alcalde paceño se conocieron después de que el fiscal Miguel Cardozo informara sobre la emisión de cinco nuevos mandamientos de aprehensión contra otros sindicados dentro del proceso.
El caso del Fondo Indígena es investigado desde 2015, tras revelarse la existencia de proyectos inconclusos o inexistentes que, pese a ello, recibieron desembolsos millonarios destinados a dirigentes de organizaciones sociales.
Dentro de este proceso, la exdiputada del MAS, Lidia Patty, fue aprehendida hace dos semanas, acusada de haber recibido 700.000 bolivianos para un proyecto de producción de tomate destinado a ocho comunidades. Asimismo, la Fiscalía amplió la investigación contra el expresidente Luis Arce, quien fue aprehendido la semana pasada por su presunta responsabilidad en la autorización de transferencias de recursos del Fondo Indígena a cuentas personales cuando ejercía el cargo de ministro de Economía.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, durante la gestión de Arce se habrían aprobado más de 3.500 proyectos con desembolsos ejecutados, lo que según Arias refuerza la necesidad de una investigación integral. “La justicia debe llegar a todos, sin excepciones”, concluyó.
Revista Estamos Vivos