El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ordenó este lunes la realización de jornadas nacionales de verificación de plazos en casos de detención preventiva, una medida que deberá aplicarse de manera inmediata en todos los tribunales departamentales.
La decisión surge luego de la polémica generada por la instrucción de revisar las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Áñez y de los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Ante ello, personas privadas de libertad en diferentes cárceles reclamaron que la medida también alcance a todos quienes se encuentran bajo esta situación jurídica.
El TSJ dispuso que, en un plazo máximo de 24 horas tras la notificación, los presidentes de tribunales departamentales revisen cada caso. Asimismo, estableció que, cuando el proceso judicial radique en un distrito distinto al lugar donde se cumple la detención, el procesado deberá ser trasladado a ese distrito o, de manera excepcional, utilizar medios tecnológicos virtuales para su comparecencia.
Con esta instrucción, la máxima instancia judicial busca garantizar el respeto a los plazos procesales y responder a las críticas sobre la aplicación desigual de la detención preventiva en el país.
Revista Estamos Vivos