La Defensoría del Pueblo solicitó al Órgano Electoral y al Ministerio Público que activen mecanismos de protección para las mujeres que participan como candidatas en las elecciones generales de 2025. Además, pidió sancionar los casos de acoso y violencia política por razón de género que ya se han comenzado a registrar durante la campaña.
En cartas enviadas al Fiscal General del Estado y al presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, la institución defensorial advirtió sobre expresiones que constituyen violencia política y pidió actuar con firmeza.
A la Fiscalía, se le pidió iniciar acciones penales públicas para investigar y sancionar cualquier hecho de acoso o violencia política que afecte a mujeres candidatas. Al TSE, se le exigió garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, libres de violencia, y evitar que se reproduzcan discursos de odio, estereotipos o mensajes discriminatorios en el marco de la campaña.
Además, la Defensoría solicitó información oficial sobre las denuncias presentadas hasta la fecha: cuántos casos de acoso o violencia política se han registrado, cuántas faltas fueron identificadas y qué sanciones se aplicaron en relación a mensajes misóginos o discriminatorios contra candidatas.
La Coordinadora de la Mujer ya ha identificado a cinco candidatas que han sufrido acoso o expresiones violentas: Eva Copa, Karla Robledo, Toribia Lero, Susana Bejarano y Mariana Prado.
En el caso de Prado, actual candidata a la Vicepresidencia, reveló que está considerando iniciar acciones legales. Explicó que muchas de las críticas que recibe en redes sociales no apuntan a su carrera política, sino a su aspecto físico o detalles personales como su forma de comer.
“A veces tengo hasta ganas de llorar al entrar a redes. No critican mis ideas, sino cómo me veo. Lo hago por las mujeres que vienen detrás, para que no tengan que pasar por esto”, afirmó.
Revista Estamos Vivos