El gobierno de Luis Arce está buscando el respaldo internacional para las elecciones generales que se realizarán el 17 de agosto. Durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el embajador boliviano Héctor Arce pidió que ese organismo observe todo el proceso electoral, desde antes hasta después de los comicios.
El mensaje fue claro: Bolivia quiere mostrar al mundo que el proceso será transparente, legal y justo. Esto se da en medio de un contexto político complicado, donde hay disputas por candidaturas, amenazas de boicot y un ambiente general de desconfianza.
Además de la CIDH, Bolivia ya invitó a varias organizaciones internacionales para que actúen como observadoras. Entre ellas están la OEA, la Unión Europea, el Parlamento del Mercosur y otros organismos especializados en procesos electorales. La Unión Europea fue la primera en llegar, y su equipo desplegará a más de 100 observadores por todo el país.
El Tribunal Supremo Electoral también está tomando medidas para asegurar la legalidad del proceso y ha pedido que se apruebe una ley clave (de preclusión) que evitaría cambios o impugnaciones de último momento.
En resumen: el Gobierno quiere mostrar al país y al mundo que el 17 de agosto se votará en condiciones limpias, con apoyo y vigilancia internacional para reforzar la legitimidad del proceso democrático.
Revista Estamos Vivos