El Proyecto de Ley 118, denominado “Ley de Bosques y Otros Sistemas de Vida”, plantea un giro radical en la gestión de tierras y la conservación de los bosques en Bolivia. Su objetivo principal: premiar a quienes conserven el bosque en pie y frenar los desmontes que hasta ahora eran usados como prueba de cumplimiento de la Función Económica Social (FES).
La senadora Cecilia Requena, una de las impulsoras de la norma, denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha interpretado la FES de forma completamente errónea. Actualmente, si alguien no desmonta su terreno, corre el riesgo de perderlo. “Lo aplican al revés: si no has deforestado, te quitan la tierra. Pero la Constitución dice que la FES debe ser sustentable”, explicó Requena.
Por eso, este nuevo proyecto propone modificar la forma en que se entiende la FES, reconociendo que conservar el bosque sí cumple una función social y económica, especialmente cuando se apuesta por prácticas agroforestales y agropecuarias sostenibles.
Incentivos para la producción regenerativa y protección de zonas clave
El proyecto también ordena al Estado promover modelos de producción como los sistemas agroforestales y agropastoriles, siguiendo ejemplos exitosos de otros países. Municipios bolivianos como Palos Blancos y Alto Beni, que se declararon zonas libres de minería y trabajan con sistemas agroecológicos, podrían beneficiarse directamente con más apoyo e incentivos.
Además, la ley propone detener la entrega de tierras o concesiones mineras sin tomar en cuenta la vocación productiva del suelo. Requena señaló que Bolivia carece de un verdadero ordenamiento territorial: “No hay un mapa que nos diga qué tipo de ecosistemas tenemos ni qué actividades son viables en cada uno. Todo se hace a ciegas”.
Esto ha permitido, por ejemplo, que la AJAM y el INRA entreguen derechos mineros en áreas clave como cabeceras de cuenca, incluso violando lo que dicta la Constitución.
¿Qué busca lograr la Ley 118?
Entre los principales objetivos de la norma están:
- Reducir las quemas (autorizadas e ilegales) de forma progresiva.
- Frenar la deforestación y recuperar los ecosistemas degradados.
- Proteger los bosques y promover formas de producción sostenibles.
- Inmovilizar las tierras afectadas por incendios ilegales, para frenar los incentivos perversos de quema y toma.
Requena aclaró que la ley no prohíbe todas las quemas de inmediato, pero sí promueve alternativas más sostenibles, como las ya aplicadas en zonas como el Alto Beni, donde se realiza chaqueo sin fuego.
Eliminación de leyes incendiarias y protección de áreas estratégicas
El proyecto también plantea abrogar las llamadas «leyes incendiarias» que permitieron la expansión del desmonte y que llevaron a Bolivia a ser uno de los países con mayor pérdida de bosques primarios en el mundo.
En casos como el de El Choré, donde se han reportado tomas ilegales de tierras tras incendios provocados, la norma busca frenar esa práctica inmovilizando los terrenos afectados y evitar así que los incendios se conviertan en una forma de legalizar ocupaciones.
Además, el alcance del proyecto incluye la protección de sitios Ramsar, como humedales y bofedales que son esenciales para conservar fuentes de agua y garantizar el equilibrio de los ecosistemas, muchos de ellos ubicados dentro de áreas protegidas.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de legisladores de distintas bancadas como Cecilia Requena, Andrónico Rodríguez, Miguel Rejas, Fernando Vaca, Andrea Barrientos y Patricia Arce, y se perfila como una propuesta que busca cambiar las reglas del juego en la relación entre desarrollo rural, conservación y justicia ambiental en Bolivia.
Revista Estamos Vivos