¿Qué lleva al presidente del máximo tribunal de justicia de Bolivia a abandonar el país y asegurar que teme por su vida? Romer Saucedo anunció este miércoles que salió del territorio nacional junto a su esposa y sus tres hijos para acogerse al exilio. En un extenso mensaje, denunció una presunta persecución política y judicial, y aseguró que no regresará mientras no existan garantías para su seguridad.
“Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, escribió Saucedo en sus redes sociales. El magistrado acusó al poder político de utilizar la justicia para perseguir a quienes cuestionan sus decisiones y advirtió que se estaría preparando una campaña para desacreditarlo y posteriormente involucrarlo en procesos judiciales. Sin embargo, no presentó pruebas públicas que respalden estas denuncias.
Uno de los antecedentes que mencionó para explicar su temor fue el asesinato de Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, quien murió en un ataque armado en Santa Cruz en abril de este año. Saucedo cuestionó los avances de la investigación y sostuvo que el crimen estaría relacionado con intereses de sectores corruptos. Por ese motivo, afirmó que no quiere correr la misma suerte. El caso continúa bajo investigación y existen personas detenidas.
La salida del país tiene además una particularidad: Saucedo asegura que no renunciará al cargo de magistrado para el que fue elegido por voto popular en las elecciones judiciales de 2024. “Yo, desde afuera, puedo ser más útil que estando en una cárcel o muerto”, expresó. También afirmó que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuenta con el quórum necesario para seguir funcionando sin su presencia.
Su decisión ocurre semanas después de que anunciara su renuncia a la presidencia del TSJ, con efecto desde el 4 de enero de 2027, y de que la Sala Plena eligiera a Carlos Ortega como su sucesor. Por ahora, Saucedo sostiene que permanecerá fuera de Bolivia hasta que cambien las condiciones de seguridad para él y su familia. Su partida deja abiertas varias interrogantes sobre el futuro de la conducción del Órgano Judicial y, sobre todo, sobre las garantías de independencia y seguridad que existen para quienes administran justicia en el país.
RC/REV