Los niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad tras un feminicidio tendrán nuevas medidas de protección social. El Gobierno promulgó el decreto supremo que hace operativa la Ley 1680 y establece un bono mensual, además de apoyo en salud, educación y alimentación para los hijos de víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien explicó que la norma busca definir cómo acceder a los beneficios previstos por la Ley 1680. La medida alcanza a quienes quedaron huérfanos como consecuencia de un feminicidio, del asesinato de un hombre cuando la persona procesada sea su pareja o expareja, y de casos de homicidio-suicidio derivados de situaciones de violencia.
Uno de los principales beneficios será un bono mensual equivalente al 20% del Salario Mínimo Nacional vigente. Para los menores de cinco años también se contempla un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
Pero la ayuda no se limita al dinero. La norma establece acceso a servicios de salud, inscripción inmediata al sistema educativo y traspaso escolar cuando sea necesario. Además, los adolescentes y jóvenes beneficiarios tendrán prioridad para ser considerados en programas de becas universitarias.
La Ley 1680 también busca proteger el patrimonio que dejan las víctimas. Los bienes sucesorios no podrán ser dispuestos hasta que la Justicia determine quiénes tienen derecho a ellos. En los casos en que el principal sospechoso sea el cónyuge o conviviente de la víctima y existan hijos menores, se establece su custodia inmediata por los abuelos u otros familiares cercanos de la línea materna, de acuerdo con la normativa vigente.
RC/REV