El acuerdo de Bolivia con el FMI plantea una reducción del gasto público y cambios en los precios de los combustibles. Samuel Doria Medina advierte que el Gobierno deberá acompañar estas medidas con apoyo a las familias más vulnerables.
El acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo plantea cambios en las cuentas del Estado. Sus medidas también pueden tener impacto en la economía de los hogares, especialmente por la reducción del gasto público y la eliminación de la subvención a los combustibles.
Según explicó el político Samuel Doria Medina, el programa contempla reducir el gasto estatal en 8,5% del PIB en tres años, avanzar hacia un tipo de cambio flexible y liberalizar la subvención a los carburantes en 2027, entre otras medidas, informó La Razón.
El punto que genera mayor preocupación desde una perspectiva social es el efecto que pueden tener estas medidas sobre los precios y el costo de vida.
Doria Medina consideró que el ajuste es inevitable, pero advirtió que debe estar acompañado de “compensaciones sociales” para las familias de menores ingresos.
“Sin respaldar a los más pobres para pasar el mal rato, el ajuste no será exitoso”, afirmó.
¿Qué puede cambiar para las familias?
La eliminación de la subvención a los combustibles puede encarecer el transporte y aumentar los costos de producción y distribución de alimentos y otros productos. La Razón ha señalado que la subvención representa una fuerte presión sobre las cuentas públicas y que el país destina miles de millones de dólares a la importación y subsidio de carburantes.
Por eso, el desafío para el Gobierno no será únicamente reducir el déficit y ordenar las cuentas fiscales, sino evitar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre los hogares con menores ingresos.
El acuerdo con el FMI establece una hoja de ruta para estabilizar la economía. Ahora, uno de los principales retos será determinar cómo se protegerá a las familias mientras se aplican esas reformas.