La CAO y la Cainco emitieron un pronunciamiento conjunto en el que reclaman al Gobierno acelerar las medidas para enfrentar la crisis de combustibles, la falta de divisas, las pérdidas provocadas por los bloqueos y la incertidumbre normativa.
“Bolivia vive con dos relojes que marcan horas distintas”, señalaron ambas instituciones. Uno es el de la economía real, donde cada hora con un camión detenido representa pérdidas, una siembra fuera de fecha puede significar perder toda una cosecha y una industria sin insumos debe detener sus operaciones. El otro es el del Estado, donde un decreto todavía puede esperar su reglamento, un reglamento una resolución y una ley su tratamiento legislativo.
Para el sector productivo, esa diferencia de tiempos explica por qué la emergencia económica continúa prolongándose.
Cainco y CAO
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) sitúan el abastecimiento de combustibles como la principal emergencia. Afirman que, pese a que la normativa para facilitar el suministro ya se aprobó y reglamentó, los surtidores de Santa Cruz reciben actualmente apenas el 30% del volumen que necesita el departamento.
“El país no espera una firma más, espera que las firmas existentes lleguen al tanque”, enfatizaron.
El problema tiene una incidencia directa sobre el campo. Según el pronunciamiento, el sector agropecuario consume alrededor del 16% del diésel y genera el 77% de los alimentos que requiere Bolivia.
“Ese es el volumen que hoy no llega a tiempo”, alertaron.
Las cámaras también plantearon acelerar la política de biocombustibles y recordaron que Bolivia importa alrededor de 9,5 de cada 10 litros de diésel que consume.
En ese contexto, destacaron que cada litro de etanol incorporado a la matriz energética representa un litro menos de combustible que el país debe comprar en el exterior.
Entre sus pedidos concretos, exigieron simplificar las autorizaciones para el abastecimiento y publicar los volúmenes de combustible despachados por región y por día.
“Garantizar el abastecimiento es una obligación del Estado, no una concesión”, remarcaron.
El daño de los bloqueos
El sector empresarial también advirtió que las consecuencias de los más de 50 días de bloqueos no pueden considerarse superadas.
Según CAO y Cainco, existen capitales que no regresaron, contratos que se perdieron, mercados que fueron ocupados por competidores y empresas que redujeron hasta la mitad de su personal.
“Ese daño sigue vivo en toda Bolivia y ninguna estadística mensual lo refleja todavía”, sostuvieron.
El impacto, agregaron, es particularmente duro para los pequeños empresarios, que tienen menor capacidad financiera para absorber varios meses de pérdidas y recuperar posteriormente el capital de trabajo.
Inversiones
Sobre la Ley de Inversiones, las cámaras consideraron que su aprobación es necesaria para generar condiciones de mayor seguridad para el capital privado, aunque cuestionaron el ritmo de su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
El proyecto, compuesto por 103 artículos, ingresó al Legislativo. Según el pronunciamiento, compite con otros tres proyectos, todavía no radica en comisión y no cuenta con una fecha definida para su debate.
CAO y Cainco señalaron que su análisis identificó aspectos que deberían ser corregidos antes de la aprobación.
“La urgencia no puede convertirse en improvisación”, advirtieron, al considerar que una norma aprobada con problemas previsibles y posteriormente cuestionada en tribunales podría devolver al país a la incertidumbre que precisamente busca superar.
Las entidades empresariales también reclamaron avances en otras áreas consideradas estratégicas, como hidrocarburos, minería y electricidad.
Capital
El pronunciamiento plantea que una Ley de Inversiones, por sí sola, no será suficiente para atraer capital al país.
“Ni la norma más moderna atraerá inversión a un país cuya crisis parece permanente”, señalaron.
Para el sector productivo, los inversionistas necesitan un entorno donde existan combustible, dólares, caminos transitables y reglas claras de manera sostenida.
En esa línea, CAO y Cainco remarcaron que la economía boliviana todavía tiene capacidad para aumentar su producción y generar mayores ingresos, pero necesita condiciones que permitan a empresarios, productores e industriales trabajar sin interrupciones.
“Lo único que pedimos es que se nos deje hacer aquello que Bolivia necesita con urgencia: trabajar”, afirmaron.
El mensaje conjunto apunta a mostrar una posición unificada del aparato productivo frente a una crisis que, según ambas instituciones, dejó de ser coyuntural. La demanda central es que el Estado reduzca la distancia entre sus tiempos administrativos y las necesidades de quienes producen.
Por La Razón