La firma de un acuerdo entre el Gobierno nacional y las cooperativas mineras reactivó el debate sobre la protección de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Organizaciones defensoras del área protegida, ubicada en el departamento de Tarija, manifestaron su preocupación por el convenio al considerar que podría abrir paso a actividades extractivas en territorios indígenas y zonas de conservación. El pronunciamiento fue acompañado por la continuidad del proceso judicial relacionado con la pausa ambiental solicitada para la reserva.
Las organizaciones decidieron respaldar el manifiesto emitido por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), al coincidir con sus observaciones sobre los posibles efectos del acuerdo. Los colectivos sostienen que cualquier decisión vinculada al aprovechamiento de los recursos naturales debe garantizar la protección de las áreas protegidas y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan estos territorios.
En ese contexto, el defensor de Tariquía, Félix Choque, explicó que inicialmente se analizaba emitir un pronunciamiento independiente; sin embargo, las organizaciones optaron por sumarse a la posición nacional de CONTIOCAP al compartir sus preocupaciones respecto al alcance del convenio firmado con el sector minero.
Paralelamente, el Tribunal Agroambiental rechazó la recusación presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), decisión que permite que continúe el proceso judicial relacionado con la pausa ambiental solicitada para la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Con ello, el caso seguirá siendo tramitado por el juez agroambiental de Entre Ríos.
La dirigente Barbarita Mesa señaló que esta determinación representa un avance dentro de un proceso que se ha extendido por más de una década y que ha estado acompañado por movilizaciones, cabildos y diferentes acciones legales impulsadas por organizaciones locales en defensa de la reserva.
Mientras tanto, el acuerdo continúa generando reacciones entre organizaciones indígenas, comunidades y colectivos ambientalistas, que insisten en que el desarrollo de proyectos extractivos debe ser analizado considerando la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los derechos de las poblaciones que viven dentro de las áreas protegidas. De esta manera, Tariquía vuelve a consolidarse como uno de los principales escenarios del debate nacional entre el aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del patrimonio ambiental de Bolivia.
Revista Estamos Vivos