La Fiscalía Departamental de Oruro confirmó este lunes que las tres personas que perdieron la vida durante un operativo contra presuntos ladrones de mineral en el centro minero de Huanuni cayeron a un pozo de aproximadamente 60 metros de profundidad, un hecho que complicó las labores de rescate y es ahora el eje principal de la investigación.
El fiscal departamental de Oruro, Aldo Durán, informó que el accidente ocurrió en el interior del cerro Posokoni, donde un contingente militar realizaba un patrullaje para impedir el robo de mineral, una práctica recurrente en esa operación minera.
«Estamos investigando cómo sucedió este incidente al interior de la mina. Es un centro minero y el hecho ocurrió a gran profundidad. Se manejan varias hipótesis, desde un deslizamiento dentro del socavón hasta la presunta huida del grupo de jukus, que habría provocado que los militares tomaran una ruta donde existía un hoyo de aproximadamente 60 metros», explicó la autoridad.
El hecho se registró alrededor de la 01:00 del domingo 26 de julio, cuando efectivos militares sorprendieron a un grupo de presuntos «jukus» —nombre con el que se conoce a quienes ingresan ilegalmente a los yacimientos para sustraer mineral— en sectores restringidos del distrito minero. Durante la persecución, dos militares y al menos un trabajador minero cayeron al vacío y fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.
La complejidad del terreno, la profundidad del socavón y las condiciones propias de la mina dificultaron el rescate de los cuerpos, que requirió la intervención de brigadas especializadas y personal con experiencia en labores subterráneas.
La Fiscalía abrió una investigación por el delito de homicidio y conformó una comisión integrada por dos fiscales para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar posibles responsabilidades.
«El caso está siendo investigado por el delito de homicidio, cuya pena puede alcanzar los 20 años de presidio. Se ha conformado una comisión de fiscales para desarrollar una investigación pronta y oportuna», señaló Durán.
Entre las diligencias previstas se encuentran la reconstrucción de los hechos, la toma de declaraciones de testigos, pericias técnicas en el lugar del accidente y la verificación de un presunto uso de material explosivo durante el operativo, aspecto que todavía se encuentra bajo investigación.
El fiscal recordó que el Centro Minero Huanuni, uno de los principales productores de estaño del país, enfrenta desde hace varios años problemas vinculados al robo sistemático de mineral en galerías no autorizadas. Estos grupos, conocidos como «jukus», ingresan clandestinamente a los socavones para extraer cargas de estaño que posteriormente son comercializadas de manera ilegal, generando importantes pérdidas económicas para la Empresa Minera Huanuni y constantes riesgos para trabajadores y fuerzas de seguridad.
Como parte de las medidas para frenar estas actividades ilícitas, la empresa estatal reforzó en los últimos meses los controles mediante el uso de drones de vigilancia, patrullajes permanentes de efectivos militares y policiales, además de recorridos de seguridad realizados por trabajadores de la propia mina.
Por su parte, el Comando General del Ejército informó que dispuso investigaciones técnicas, administrativas y operativas para establecer «de manera objetiva, transparente e imparcial» las circunstancias en las que ocurrió el accidente, mientras la Fiscalía continúa recabando elementos que permitan reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar si existieron fallas en el operativo o responsabilidades penales de terceros.