La senadora ambientalista Cecilia Requena advirtió que el apuro en la derogación podría dejar sin regulación temporal ciertos aspectos críticos, lo que representa un riesgo. A pesar de esto, las leyes aún deben ser revisadas por la Cámara de Diputados, donde el proceso puede enfrentar más obstáculos.

Entre las leyes que siguen vigentes están la Ley 741, que autoriza quemas de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades sin necesidad de permisos, y la Ley 740, que suspende las reversiones de tierras no saneadas bajo el pretexto de garantizar la seguridad alimentaria. También sigue en pie la Ley 1098, que promueve el uso de aditivos de origen vegetal como etanol y biodiésel.

Además, no se tocó el Decreto Supremo 3973, que permite desmontes para actividades agropecuarias en Santa Cruz y Beni, ni la Ley departamental 093, que facilita actividades agropecuarias intensivas en Beni sin consultar a los pueblos indígenas.

Las dos leyes derogadas por el Senado incluyen la Ley 1171, que permitía regular quemas de forma ‘racional’ y otorgaba un perdonazo a quienes no cumplieron con las sanciones. También se abrogó la Ley 337, que incentivaba la producción de alimentos y la restitución de bosques, pero dejaba vacíos sobre cómo denunciar y sancionar las quemas ilegales.

Requena insistió en que era preferible aprobar un proyecto de ley que abordara los vacíos legales dejados por estas derogaciones, lo cual deberá resolverse con nuevas normativas o reglamentaciones del Ejecutivo.

Revista Estamos Vivos

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