Legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron en que el Estado debe recuperar los recursos públicos destinados a las elecciones generales de 2019, anuladas posteriormente, así como los utilizados en el proceso derivado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F).
El pronunciamiento surgió luego de que el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, informara sobre las gestiones para recuperar más de Bs 233 millones empleados en las elecciones generales de 2019. A partir de este anuncio, parlamentarios de distintas fuerzas políticas señalaron que la devolución de recursos también debería abarcar los gastos relacionados con el proceso electoral desarrollado tras el referéndum de 2016.
Durante el debate, representantes de ambos bloques sostuvieron que las personas que resulten responsables por las decisiones que ocasionaron un presunto daño económico al Estado deben asumir las responsabilidades correspondientes y responder por el uso de los recursos públicos.
Asimismo, algunos legisladores manifestaron que las investigaciones deberían incluir a exautoridades del Tribunal Supremo Electoral que participaron en decisiones vinculadas a la habilitación de candidaturas para las elecciones de 2019, al considerar que esos hechos también forman parte de los procesos cuestionados.
La propuesta de recuperación de recursos se da en el marco de las acciones anunciadas por el TSE para determinar responsabilidades sobre los gastos efectuados en procesos electorales que posteriormente fueron objeto de controversia y anulación.
Revista Estamos Vivos