A partir del 1 de junio de 2026, ninguna entidad del Órgano Ejecutivo podrá exigir fotocopias de la cédula de identidad ni del certificado de nacimiento para la realización de trámites administrativos, salvo en casos específicos relacionados con la verificación de filiación o parentesco. La medida, impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de la Presidencia, forma parte de la política de desburocratización, simplificación administrativa y optimización normativa denominada “Tranca Cero”, con el objetivo de reducir obstáculos y agilizar la atención a la ciudadanía.
La nueva disposición marca un cambio significativo en la relación entre el Estado y la población, al eliminar uno de los requisitos más comunes y cuestionados en los procedimientos públicos. Con la implementación de esta medida, las instituciones del Ejecutivo deberán recurrir a mecanismos de verificación interna y al intercambio de información entre entidades, evitando que los ciudadanos continúen cargando con la responsabilidad de presentar documentos que ya se encuentran en poder del Estado.
Antes de esta determinación, miles de personas debían realizar fotocopias de su carnet de identidad o de certificados de nacimiento para acceder a distintos servicios y trámites. Esta práctica generaba gastos adicionales, pérdida de tiempo, largas filas en centros de fotocopiado y retrasos en la gestión de documentos, especialmente para quienes viven en áreas alejadas o debían trasladarse grandes distancias para completar requisitos considerados repetitivos.
La exigencia de copias también representaba una carga administrativa para las propias instituciones públicas, que acumulaban grandes volúmenes de documentación física, dificultando la organización, el archivo y la conservación de expedientes. Esta situación provocaba procesos más lentos y una mayor dependencia del papel, en un contexto en el que la digitalización y la interoperabilidad de datos se han convertido en herramientas clave para mejorar la eficiencia estatal.
Desde el Ministerio de la Presidencia destacaron que la iniciativa busca facilitar el acceso de la población a los servicios públicos y consolidar una gestión más moderna, eficiente y orientada a resultados. Bajo la premisa “Menos papeles, más soluciones”, el Gobierno apunta a reducir trámites innecesarios y fortalecer una administración pública centrada en las necesidades de los ciudadanos.
La disposición ya se encuentra en vigencia desde el 1 de junio y representa uno de los pasos más concretos dentro de la estrategia nacional de simplificación administrativa, que busca transformar gradualmente la forma en que los bolivianos interactúan con las instituciones públicas.
Revista Estamos Vivos