Una comisión integrada por representantes del Órgano Ejecutivo y del Legislativo supervisará las investigaciones por delitos sexuales que no fueron concluidas y que involucran a políticos, sacerdotes y personas vinculadas a distintas instituciones, informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jéssica Echeverría, en declaraciones a la agencia EFE.
La autoridad explicó que la denominada Comisión contra la Impunidad en Delitos Sexuales trabaja en una planificación para establecer tiempos de escucha a las víctimas y, posteriormente, realizar la indagación y fiscalización de los procesos que presentan indicios de impunidad y retardación de justicia.
Echeverría afirmó que todos los responsables de delitos sexuales deben responder ante la ley sin distinción de cargo, condición o investidura. Señaló que el Viceministerio hará seguimiento y monitoreo de los casos, mientras que a los parlamentarios les corresponderá la labor de fiscalización.
Entre los procesos priorizados figura el caso por trata agravada de personas contra el expresidente Evo Morales, vinculado a una menor de edad con la que tuvo un hijo en 2016, cuando era mandatario. La viceministra indicó que existe una orden de aprehensión pendiente de ejecución y remarcó la necesidad de dar una respuesta institucional al país.
Desde finales de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, acompañado por seguidores que impiden la ejecución de la orden judicial. El exmandatario no ha tenido apariciones públicas recientes por problemas de salud tras contraer dengue, aunque un legislador de oposición sostuvo que habría salido del país hacia México, versión que no fue confirmada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Otros procesos pendientes están relacionados con casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos, principalmente miembros de la Compañía de Jesús. En 2024, dos exprovinciales jesuitas, Ramón Alaix y Marcos Recolons, fueron sentenciados a un año de prisión por encubrimiento de los abusos atribuidos al sacerdote Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.
Las denuncias cobraron relevancia pública tras una investigación publicada en abril de 2023 por el diario El País, basada en un diario personal de Pedrajas, en el que se describen presuntos abusos cometidos contra decenas de niños cuando dirigía el Colegio Juan XXIII desde 1971.
Entre los casos aún sin resolución se encuentra el del jesuita español Luis María Roma, fallecido en 2019, y el de un exsacerdote que huyó a Uruguay tras ser acusado en 2007 de abusar de menores en un internado de Cochabamba, cuya extradición no prosperó. También figura un proceso contra un instructor del movimiento Scout por presuntos abusos cometidos hace más de dos décadas en La Paz.
La comisión estatal prevé iniciar la revisión de estos expedientes tras concluir la etapa de escucha a las víctimas, con el objetivo de identificar responsabilidades y promover acciones para evitar la repetición de hechos de impunidad.
Revista Estamos Vivos