Dos efectivos policiales fueron aprehendidos en la ciudad de La Paz acusados de exigir y recibir una coima de Bs 1.500, mediante una transferencia bancaria por código QR, a cambio de liberar a seis personas arrestadas. El hecho ocurrió la madrugada del 31 de enero en la Unidad de Conciliación Ciudadana “La Pando” y es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de cohecho pasivo.
Según la investigación del Ministerio Público, una suboficial y un sargento interceptaron a seis trabajadores de una discoteca —entre ellos la administradora— cuando salían de su fuente laboral. Bajo el argumento de un supuesto consumo de bebidas alcohólicas, los trasladaron a dependencias policiales, donde condicionaron su libertad al pago irregular de dinero.
El fiscal anticorrupción Johan Muñoz informó que, durante la requisa, los efectivos detectaron que la administradora portaba una suma elevada correspondiente a la recaudación del local. A partir de ese momento, habrían iniciado una negociación ilegal: primero exigieron Bs 3.000 y, tras una “rebaja”, fijaron el monto en Bs 1.500, advirtiendo que, de no pagar, los arrestados permanecerían ocho horas en celdas.
El cobro se realizó mediante un código QR mostrado desde el celular del sargento. La transferencia fue enviada a una cuenta perteneciente a un tercero, un civil que ya fue identificado y será citado a declarar. Tras confirmarse el depósito, las seis personas fueron liberadas alrededor de las 8:00 de la mañana.
El caso dio un giro horas después, cuando la administradora denunció el hecho ante la FELCC. Al salir de esas oficinas, fue nuevamente interceptada en vía pública por los mismos policías, quienes habrían intentado persuadirla para que retire la denuncia, incluso ofreciéndole devolver el dinero, según relató el fiscal del caso.
Ante la denuncia, la FELCC activó un operativo inmediato. La suboficial fue capturada tras intentar huir y cumple detención preventiva por cuatro meses en el penal de Obrajes. El sargento fue aprehendido posteriormente e imputado formalmente; su audiencia de medidas cautelares se realizará este martes, mientras la Fiscalía solicita su reclusión preventiva en el penal de San Pedro por el mismo periodo.
En paralelo, el Ministerio Público solicitó a la ASFI los extractos bancarios de la cuenta utilizada para el pago, con el fin de determinar si este mecanismo fue empleado de manera recurrente. Además, no se descarta ampliar la investigación a otros funcionarios policiales que se encontraban de turno la noche de los hechos.
Revista Estamos Vivos