Encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB), la marcha «Bolivia no se vende» avanzaba este domingo con un objetivo claro: entrar a la ciudad de La Paz este lunes para exigir la anulación del Decreto Supremo 5503, la norma que levantó la subvención a los combustibles, entre otras medidas.
El frío de la madrugada en el Altiplano no frenó el paso. Tras pasar la noche en las aulas de una escuela en Villa Remedios, cientos de trabajadores retomaron esta jornada su caminata desde Calamarca.
Mientras los manifestantes denuncian que la medida pone en riesgo los recursos naturales y la estabilidad del bolsillo boliviano, el Gobierno defiende el decreto como una «medida dolorosa pero necesaria» para frenar el hueco fiscal.
El impacto para este lunes se sentirá más allá de las consignas. Se espera que el ingreso de la marcha a la sede de Gobierno complique el tráfico y la actividad comercial, en un momento donde la economía nacional busca desesperadamente equilibrio. Lo que empezó como un rechazo administrativo se ha transformado en un pulso social que pone a prueba la capacidad de diálogo del Estado frente a una población que siente el peso de cada centavo en el surtidor.
La llegada de la columna humana este lunes marcará el inicio de una semana decisiva. Entre el argumento oficial del «ajuste inevitable» y el grito de «abrogación» en las carreteras, los bolivianos observan con incertidumbre cómo este conflicto redefine el costo de vida y la estabilidad social en el país.
RC/REV