El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el decreto supremo de emergencia económica aprobado por el Gobierno tiene como objetivo sanar la economía boliviana, la cual según sostuvo fue debilitada durante los últimos 20 años por gestiones que beneficiaron a grupos reducidos y generaron prácticas de corrupción.
La autoridad señaló que el actual escenario económico es consecuencia de una administración prolongada que, a su criterio, desvirtuó el modelo de subvenciones. Espinoza cuestionó tanto la gestión de Evo Morales como la de Luis Arce, al afirmar que la subvención a los combustibles se convirtió en un foco de intereses particulares y corrupción.
Espinoza reconoció que el decreto puede generar reacciones y malestar en algunos sectores, pero aseguró que su alcance va más allá del ajuste en los precios de los combustibles. “No se trata solo de estabilizar los hidrocarburos, sino de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el aparato productivo y mejorar las condiciones de vida de la población”, explicó.
Entre los principales ejes del decreto, el Gobierno habilita un régimen para incentivar el retorno de capitales que salieron del país, con el fin de promover inversiones y generar empleo. Asimismo, se plantea hacer más atractivo el clima de inversión mediante facilidades normativas y administrativas.
En el ámbito tributario, se permitirá que los profesionales independientes puedan descargar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) presentando cualquier tipo de factura. Además, se establece que los costos salariales adicionales de nuevas contrataciones como aportes patronales y seguros realizadas entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 podrán ser computados para la reducción del IVA.
El decreto también incorpora medidas sociales orientadas a proteger a los sectores más vulnerables. La Renta Dignidad se incrementa a Bs 500, el Bono Juancito Pinto para la gestión 2026 sube de Bs 200 a Bs 300, y se crea una transferencia para familias que tengan personas con algún grado de discapacidad, consistente en tres pagos de Bs 150 mensuales durante 2026.
En materia administrativa, se activa el denominado silencio administrativo positivo, que permitirá que un trámite sea considerado aprobado si no recibe respuesta en un plazo de 30 días. Paralelamente, el Gobierno determinó congelar la masa salarial estatal.
En el plano laboral, el salario mínimo nacional se incrementa a Bs 3.300, mientras que se habilita la libre negociación salarial entre trabajadores y empleadores para el resto de la masa salarial, medida que según el Ejecutivo busca dar mayor flexibilidad al mercado laboral. El ministro aseguró que el decreto constituye una herramienta integral para enfrentar la crisis y sentar las bases de una recuperación económica sostenida.
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