La Cámara Automotor Boliviana (CAB) lanzó una dura advertencia: cerca de un millón de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, ya circulan por el país, y legalizarlos —como propone el candidato presidencial Rodrigo Paz (PDC)— sería un golpe para la economía formal, el empleo y el Estado de derecho.
El presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, denunció que Bolivia ya no enfrenta simples importaciones, sino una “invasión” de autos ilegales sin registro ni control. “Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nuestro sector aporta más de 500 millones de dólares al año en impuestos y con esta medida se estaría premiando al contrabando”, advirtió.
Según el gremio, la legalización de estos motorizados no solo consolidaría un mercado paralelo que favorece al crimen organizado, sino que también saturaría las ciudades y dispararía la demanda de combustibles subvencionados, en un contexto donde el país ya enfrenta escasez de diésel y gasolina.
Los registros de la CAB muestran que el sector automotor formal mueve 3.000 millones de dólares anuales, con 500 millones en tributos por la importación legal de vehículos nuevos. Frente a eso, Salvatierra pidió mayor control fronterizo, alertando que el ingreso de autos ilegales podría duplicarse.
La polémica propuesta de Paz también ha generado tensión internacional: autoridades chilenas aseguran que el anuncio impulsó un incremento en los robos de vehículos en su territorio. A nivel interno, transportistas bolivianos se sumaron al rechazo, argumentando que la regularización de los “chutos” pondría en riesgo sus fuentes de trabajo.
Revista Estamos Vivos